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El presidente zanjó la polémica que se desató después de que el exmandatario pidiera al gobierno una intervención de la empresa
La novela por el manejo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) tuvo un nuevo capítulo luego de que el expresidente Álvaro Uribe solicitara al Gobierno Nacional la intervención y, tras una disputa con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el presidente Iván Duque zanjó la discusión afirmando que no hay causales para este fin.
“El Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM. Las calificadoras son claras, de no recuperarse el Gobierno Corporativo la bajan a BB+, quedaría sin grado de inversión y seguiría empeorando. Mejor una decisión fuerte que lamentaciones posteriores”, fue la propuesta de Uribe.
Acto seguido, Quintero le respondió que las “calificadoras anunciaron que mantienen calificación”, y agregó que “mientras sea alcalde de Medellín, EPM seguirá siendo pública, de Medellín, de Antioquia y de todos los colombianos”.
Para entender la discusión es necesario remontarse a un informe del 13 de agosto de 2020 cuando, tras la renuncia de los miembros de la junta de EPM, Fitch Ratings bajó la calificación de BBB a BBB- con perspectiva negativa por “una intervención mayor del propietario de EPM, la ciudad de Medellín, en la gestión de la empresa” que supone un deterioro en los controles del gobierno corporativo.
Las aguas se volvieron a agitar el pasado lunes cuando Quintero declaró insubsistente a Álvaro Guillermo Rendón del cargo de gerente de EPM y en su lugar encargó a Mónica Ruiz, mientras adelantan un proceso de selección.
“No existe hoy causal de toma de posesión de la empresa, ni existen causales de intervención; hacer una intervención sin causa sería ir en contra de la ley 142”.
La polémica que se generó por cuenta de las acusaciones mutuas entre ambos llevó a que Fitch emitiera un nuevo comentario, en el que señaló que “sigue de cerca el nombramiento del nuevo gerente ya que “esta nominación dará forma a su visión sobre la independencia de EPM y el vínculo entre la calificación de la compañía y la ciudad de Medellín”. Aunque señaló que la resolución de la perspectiva negativa puede tardar más de seis meses por las incertidumbres asociadas a Hidroituango, no habló de reducir las calificaciones.
Esto fue interpretado por Uribe como un riesgo inminente de que la compañía pierda el grado de inversión. Sin embargo, el presidente Duque fue claro en señalar que “no existe hoy causal de toma de posesión de la empresa, ni existen causales de intervención; hacer una intervención sin causa sería ir en contra de la ley 142 porque no hay una falla en la prestación del servicio”. Además, agregó que, de hacer una intervención “podría ser inclusive peor el remedio que la enfermedad” e instó a EPM a fortalecer el gobierno corporativo.
La declaración, sin embargo, resultó insuficiente para el expresidente que dijo a La FM que el Gobierno debe preguntarse “qué pasa si le quitan el grado de inversión: se derivan problemas para EPM y se incurriría en una causal cuando los administradores insistan en violar la norma y el gobierno corporativo es una norma”. “Hoy no hay causal, pero hay problemas y le pido al Gobierno Nacional que lo mire”, concluyó Uribe.
Causales de toma de posesión de las empresas de servicios públicos
Las causales de toma de posesión de las empresas de servicios públicos (ESP) están definidas en el artículo 59 de la Ley 142 de 1994. Para el expresidente Uribe, en este momento hay una violación a las normas de gobierno corporativo que se enmarcarían en la segunda causal de toma de posesión. Sin embargo, expertos explicaron que un cambio en la gerencia no constituye una violación a las normas de gobierno corporativo, por lo que lo sucedido la semana pasada no puede interpretarse como una causal de toma de posesión.
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