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El organismo de control consideró los riesgos eran previsibles y controlables
La Contraloría General de la Nación informó que el colapso del puente Quebrada Blanca, en el municipio de Otanche (Boyacá) generó la pérdida de inversiones del Estado y un presunto detrimento patrimonial por $10.792 millones .
De acuerdo con el ente de control, el responsable y financiador de la obra es el Fondo Adaptación que no realizó la revisión adecuada de los estudios y diseños definitivos del puente, en los cuales no se consideraron los antecedentes geológicos e hidrológicos de la zona.
Luego de una denuncia presentada por el Senador León Rigorberto Barón, el organismo de control encontró que el posible daño patrimonial por los estudios y diseños de esta obra, incluyendo la interventoría de los mismos, suma $502.9 millones, por lo que el detrimento llega a ser de $11.294 millones.
Este puente vehicular fue entregado a la comunidad de esta zona el 27 de febrero de 2017 para su uso y colapsó de manera estructural a los 3 meses (entre el 19 y 21 de mayo).
La Contraloría también explicó que antes de que colapsara la estructura se había advertido y monitoreado la condición de desplazamiento del puente, pero no se realizaron acciones para prevenir o contrarrestar una amenaza agresiva sobre la estructura.
"No se tuvieron en cuenta las condiciones geológicas de la zona”, dijo la Contraloría y agregó que en este caso se “evidenció que para el diseño final del puente no se tuvieron en cuenta los conceptos técnicos, los antecedentes geológicos, los riesgos por inestabilidad de la zona y los colapsos que tuvieron por este motivo obras anteriores".
ERA UN RIESGO PREVISIBLE
La Contraloría también explicó que el colapso de la obra no es producto de un fenómeno súbito de la naturaleza, sino de un fenómeno de remoción en masa local detectado en estudios anteriores y “que podía haber sido controlado adecuadamente si se hubiera prestado la debida atención y se hubieran diseñado las obras, tanto del proyecto, como de mitigación de riesgo, de manera adecuada”.
El organismo de control consideró que ese “era un riesgo previsible y controlable, y las debilidades presentadas en el diseño y la ejecución del proyecto generaron la materialización de los riesgos asociados, lo cual repercutió en un detrimento de los recursos públicos, y el incurrir en inversiones posteriores que no estaban contempladas, lo cual también se constituye en presunto detrimento patrimonial”.
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