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El Ministerio de Salud reiteró que no acatará el fallo judicial que ordena esa medida y señaló que se da una imposibilidad para ello
Tras el anuncio del Gobierno sobre su imposibilidad de cumplimiento del fallo de un juez de Bogotá que ordena la exigencia de resultado de prueba PCR y aislamiento de 14 días a personas que ingresen al país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ratificó que esta medida no será aplicada.
De aplicar la medida, Ruiz advirtió que serían cerca de 120.000 viajeros los que se verían afectados.
“Nos pone en una situación muy compleja porque sobrepone de alguna manera el derecho individual sobre los derechos colectivos, que es lo que prima en una condición como la que estamos atravesando de pandemia. Eso nos llevaría a someter a cuarentena en diciembre a más de 120.000 personas, de las cuales 80.000 tendrían prueba negativa. Mientras el Ministerio de Salud no cambie la norma y no imponga la prueba PCR, las personas podrán seguir viajando”, precisó.
El jefe de la cartera de Salud indicó que desde el Ejecutivo se ha sido respetuoso de los fallos de los jueces y las solitudes de la Corte Constitucional, pero que esta situación lleva a una imposibilidad de cumplimiento dada las características del fallo y la injerencia sobre la política y estrategia para el manejo de la pandemia.
Fue enfático en decir que “en este momento estamos dentro de los términos legales y dentro de esos términos se procederá. Mientras tanto y mientras no expidamos los actos que cambiarían la situación y obligarían la prueba PCR, la situación continuará igual”.
El ministro agregó que el fallo va en contra de toda la evidencia, recomendaciones y sugerencias de epidemiología de la Organización Panamericana de la Salud, yendo más allá de la imposición de la prueba PCR y adentrándose en la propia capacidad de respuesta de la autoridad sanitaria y del Ministerio de Salud frente a una pandemia.
Se estima que solo 0,03% de los casos registrados en Colombia corresponden a población viajera procedente del exterior, por lo que Ruiz Gómez explicó que si el país estuviera en una fase de contención, con un índice de reproducción y número de contagios inferior a otros países con los que se tienen conexión constante, sería viable hacer el cierre de fronteras o exigir pruebas diagnósticas.
“En la medida que el nivel de contagio en el propio país se ha venido igualando al de los otros países, no tienen ningún sentido esta prueba. Igualmente, aplicaría en los vuelos nacionales y el transporte terrestre. Eso es lo complejo de este fallo y su aplicación”, concluyó.
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