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El expresidente afirmó que Colombia debería crecer a un ritmo de 5% para construir equidad, superar la probreza y generar empleo
La prima extralegal para los trabajadores que devengan hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y la reducción de la jornada laboral de 48 horas son dos de las propuestas que ha defendido el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez en su paso por el Congreso. En Inside LR, el expresidente comentó los beneficios que tendrían estas propuestas entre la población y se refirió a otros temas de coyuntura como el desempleo o el fracking.
¿Cómo avanza el proyecto que busca dar una prima extralegal a los trabajadores?
Históricamente, la economía ha estado bien manejada, pero la han mantenido como un pare y siga y no le han permitido tener un desempeño alto en materia de crecimiento económico y de inversión social. En el Centro Democrático pensamos que el país requiere un gasto público muy bajo, cero corrupción y menos impuestos. Me preocupa mucho el futuro social para lo que es importante tener una empresa privada y una política social fuerte. Menos impuestos y más remuneración son una fuente de paz.
Para ello, el país necesita reducir los impuestos y mejorar la remuneración. De este modo, se debe adecuar esa prima extralegal a las condiciones de las empresas en función de su tamaño y de acuerdo a la gradualidad de la reducción de impuestos y de los estímulos de la pasada reforma tributaria.
Los empresarios no pueden confiarse. Puede que aquí no llegue el chavismo puro, pero sí gobiernos con restricciones al crecimiento de la empresa privada. Muchas veces imponerles severas restricciones es tan grave como expropiarlas.
¿Qué tan optimista es sobre que la economía crezca este año a un ritmo de 3,6%?
No hago pronósticos, lo que sí es cierto es que mantener el país creciendo a 1%, 2% y 3% es muy poco. Necesitamos crecer por encima de 5% para construir equidad, superar la pobreza y generar empleo formal. El Gobierno anterior derrochó esa posibilidad al frenar los estímulos de inversión: no obstante, veo acertadas las políticas del Gobierno de Iván Duque sobre la reducción de impuestos, la ley TIC, medidas de la vivienda...
¿Considera que el aumento de la tasa de desempleo de los últimos meses está relacionado con la llegada de migrantes venezolanos? ¿Qué posición debe tomar Colombia frente a esta crisis migratoria?
No hay duda de que la migración venezolana está teniendo un alto impacto. Tenemos que ser solidarios; no obstante, debemos saber cuánto tiempo más se va a demorar la solución de Venezuela y cuántos migrantes vamos a recibir.
Aparte del costo en salud para atenderles, muchos colombianos se sienten desplazados en el empleo porque son reemplazados por venezolanos. No se debería permitir que a un local que gana $8 pesos lo saquen de su trabajo por un venezolano al que le darán $6. Si se va a contratar a venezolanos, hay que cumplir el código laboral.
En una hipótesis de una economía débil mientras más venezolanos entren peor; pero en otra, de una fuerte, es conveniente que lleguen a la vuelta de tres años. Yo quiero jugarle a esta última.
¿De cuántas horas sería la reducción de la jornada laboral que plantea? ¿Beneficiaría a todos los trabajadores?
El país se ha equivocado con un régimen laboral sumamente reglamentado, que es rígido. Yo prefiero que exista mayor remuneración a que haya rigidez. Ojalá Colombia tuviera menos normas de estabilidad laboral reforzada y mejor remuneración.
En América Latina, tienen una jornada laboral de 48 horas México, Argentina y Colombia. Aquí se está dando un reclamo para facilitar el autotrabajo y las cotizaciones de seguridad social por horas y días y reducir la jornada laboral. Es un tema que hemos propuesto, hay que discutir cuántas horas son convenientes, pero el país necesita un entendimiento en esa materia.
A mí me ha tocado hacer un gasto muy grande en materia laboral. En 1990 presenté el proyecto que se convirtió en la Ley 50, me tocó la desburocratización de la Gobernación de Antioquia, me correspondió llevar todo el peso de la Ley 100 o la reforma laboral de 2002, en la que no quitamos las horas extras sino que redujimos los horarios de recargos para que las empresas pudieran tener al menos dos turnos y generar empleo. Cuántas críticas no he recibido.
¿Cuáles considera que deben ser los ejes de la reforma laboral que se va a plantear?
Hasta ahora el Gobierno ha hecho cosas interesantes. Por ejemplo, reconoció que Colombia tiene actividades que no son capaces de pagar el código de trabajo como es el caso del café, que hay una gran cantidad de trabajadores que tienen menos del salario mínimo, casos de malas prácticas empresariales...Además, en el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó el piso mínimo social, esa es una gran reforma.
Por ejemplo, en nuestra reforma pensional en la Ley 100 se dijo que los colombianos en ninguno de los dos regímenes pierden lo aportado. Si cumplen la edad y no tienen las semanas y no van a seguir cotizando, les tienen que devolver lo ahorrado. Bien sea en Colpensiones o en los fondos de pensiones, aquí se da la posibilidad de que eso se lleve, para que les paguen los Beps, un ingreso permanente de retiro.
¿Cómo se podría solucionar el problema de Rappi?
Yo diría que alguien tendría que ser el empleador en esas plataformas y responder por las prestaciones, pero que eso no se oponga a que si yo tengo una moto y quiero trabajar tres horas un domingo, me las paguen.
Para esto también puede servir la reforma que estamos estudiando, que se cumplan las cotizaciones al sistema, se permita flexibilidad laboral en la contratación, por días o por horas y se disminuya la jornada laboral semanal.
El año pasado propuso un aumento extraordinario del salario mínimo, ¿estaría de acuerdo en que sea por regiones?
El país ya tuvo un salario mínimo diferencial, yo creo que volver a ello no es fácil. Hoy ya hay un reconocimiento del piso social mínimo para los trabajadores que no están en el mínimo.
¿Considera acertada la propuesta de tener tres días al año sin Impuesto al Valor Agregado (IVA)? ¿Cree que podría impactar a sectores como el del comercio?
El primero que me habló de este tema fue hace tiempo el presidente Duque, él me decía que en algunas partes de Estados Unidos dan días sin IVA y que esta propuesta ayuda a las empresas a liquidar su inventario y después reciben mucho pedido de producción. Sinceramente, creo que un experimento como este en Colombia es bueno, genera expectativas positivas. Es como cuando en mi Gobierno introducimos la semana de receso en octubre para que las familias hagan turismo.
¿Cuál cree que será la suerte de la Ley de Financiamiento en la Corte?, ¿qué pasará si se cae?
A mí me dolería mucho que la Corte la declarara inexequible porque se estudió con mucho juicio en el Congreso. Inclusive, yo habría sido partidario de que se hubiera aplicado de una manera más rápida para que las empresas se beneficien, por ejemplo, del descuento del impuesto de Industria y Comercio (ICA).
Hace meses le decía al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que si existía la posibilidad de que la Ley entrara con una menor gradualidad pero él decía que no alcanzaba por la situación fiscal que recibió el país. Cuando yo salí de la Presidencia el endeudamiento del sector público no financiero estaba en 43%, pero el gobierno anterior lo dejó en 56%. También, el endeudamiento del Gobierno Nacional Central estaba en 36%y lo subieron a 44%. Adicional a ello, hubo una expansión burocrática y yo creo firmemente en un Estado austero.
¿Por qué estuvo a favor de eliminar las contralorías territoriales?
Creemos que las contralorías no deben ser ni del partido del Gobierno ni del gobernador, deben ser un organismo técnico. Además, si el país está haciendo un esfuerzo para fortalecer la Contraloría de la República y le suman $636.000 millones de las territoriales costaría mucho.
Además, considero que no sirven de organismos de control, son solo centros de gasto público para asignar cuotas burocráticas. Cuánto mejor las entidades territoriales se gastarían ese dinero en educación y salud.
Lo mismo ocurre con la Auditoría. Con una Contraloría nacional fortalecida, un contralor que tiene control disciplinario y penal de la Corte Suprema, un Congreso que ejerce control político y unos medios de comunicación críticos, no debería existir, esta cuesta $38.000 millones.
¿Qué le parece que vayan crear más ministerios como el del Deporte?
El Gobierno dijo que la creación de este ministerio no va a implicar un mayor gasto burocrático. Este no debe tener mayor gasto que Coldeportes. La inversión en deporte hay que hacerla con o sin ministerio.
Quiero recordar que yo eliminé 360 entidades públicas del Gobierno. Creo que fue una desburocratización importante, me duele que haya proliferado el burocratismo en los últimos ocho años. Por ejemplo, redujimos el personal del Ministerio de Agricultura y después se crearon varias agencias.
¿Es partidario de vender ese 8,5% de las acciones de Ecopetrol? ¿El Gobierno ya les ha planteado cuáles son las empresas estatales que podrían vender para este o el próximo año?
Con Ecopetrol lo que hicimos fue vender 8%, nos autorizaron 20% para capitalización. Entonces la norma del Gobierno nuestro no fue vender para que eso pasara al presupuesto nacional, sino para capitalizar la empresa. Creo que la norma que está vigente no autoriza vender para trasladar recursos al presupuesto sino para capitalizar. El Gobierno tendría que dar esa discusión.
¿Hay que centrarse en el petróleo y el gas o en las energías renovables?
El país necesita petróleo y gas y está haciendo un avance importante en el desarrollo de energías renovables. Creo que hay un gran equilibrio, incluso, Ecopetrol en el Gobierno nuestro empezó a trabajar con renovables.
Si bien es cierto que el Gobierno está haciendo algo bueno, el país debe entender que también necesitamos petróleo y gas.
¿Qué ha fallado en la sensibilización sobre el fracking?
Yo creo que el planteamineto del Gobierno es muy razonable, unos proyectos pilotos vigilados por científicos y por la comunidad y, en eso, más que extremismo ideológico hay que llegar a un extremismo pragmático.
Que no vengan a decir que estamos en contra del medio ambiente. Lo que hay que decirle al país es de dónde vamos a sacar $2 billones, que puede costar al principio por año la importación de petróleo y gas a la vuelta de unos años, y qué le vamos a decir a las familias con hijos ambientalistas, que están necesitando gas pero no tienen.
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