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La jefa de cartera de ambiente aseguró que se ciñe a la sentencia del Consejo de Estado, y únicamente brindará criterios técnicos
En el debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que, bajo el decreto 044 de 2024, se han dado unos criterios para determinar el marco de las áreas de conservación y que para ello, la lectura considera "los instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio", para cumplir la sentencia del Consejo de Estado.
Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, también presente en el debate, explicó el compromiso del respaldo a un desarrollo minero responsable y sostenible.
"El decreto es una oportunidad de organizar y planear la minería, junto con el gremio, y responder esas preguntas estratégicas de dónde debería darse la minería y dónde no, y avanzar en la discusión", agregó Camacho.
Las reservas temporales de recursos naturales se establecen basándose en la información de las autoridades ambientales y otros datos oficiales, considerando criterios como la importancia ecológica, la conservación del agua y la necesidad de restauración.
Muhamad agregó que no se ha frenado la titulación minera ni los procesos administrativos. "Hemos buscado es mostrar cómo el mismo decreto y la sentencia generan garantías y órdenes muy concretas para que todas las decisiones tengan unas justificaciones que vaya en el bien público", dijo la ministra.
"Fue una oportunidad para que podamos a socializar en profundidad la sentencia", expresó Muhamad, "y discutir conjuntamente la línea jurídica por donde va el Ministerio de Ambiente".
De acuerdo con la jefa de cartera, habrá una justificación técnica, jurídica y participativa con base en los criterios de las autoridades ambientales.
"Esto no es un proceso arbitrario", dijo Muhamad. "No podemos crear un ambiente de malas interpretaciones".
MinAmbiente recalcó que no se define ninguna zona de protección ambiental, ya que solo se definirán a través de actos administrativos; tampoco frenarán la titulación minera ni los procesos administrativos, y trabajarán en el diálogo con los actores para una aplicación conjunta.
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