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Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha ya existen inversionistas precalificados y en el reglamento de segunda etapa dentro del programa de enajenación de las acciones ordinarias de propiedad de la Nación en Isagen, no se encuentra regulado el proceso de precalificación adicional.
Para el Ministerio Público, si bien el proceso de enajenación se lleva a cabo bajo el régimen privado, cualquier acto administrativo impone la obligación de ser motivado, al menos, en forma sumaria si afecta a particulares, de acuerdo a lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En la misiva al ministro Cárdenas Santamaría, la Procuraduría resalta que la jurisprudencia ha señalado que la administración está obligada a expresar los motivos en que fundamenta sus decisiones y a establecer la correspondencia entre los hechos y las consideraciones jurídicas contenidas en el acto administrativo.
En su cuenta de X (Twitter) el presidente Petro afirmó que “hasta las últimas consecuencias estaré del lado de Panamá y la defensa de su soberanía”
Con el aumento de 9,54%, el salario mínimo para 2025 quedó en $1.423.500, y con el subsidio de transporte pasó a ser de $1.623.500
Expresidentes como Andrés Pastrana expresaron su desacuerdo con la decisión, aunque aún se está a la espera de un comunicado oficial
