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Carf alertó que reforma al Sistema General de Participaciones tendría impacto fiscal
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El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, criticó que esta reforma constitucional materializa la federalización "a las malas"
La semana pasada se conoció que el Ministerio de Hacienda no entregó el aval fiscal para el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, que actualmente cursa en el Congreso de la República.
Este miércoles, el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, reaccionó a este proyecto y dijo que es inconstitucional, ya que rompe la regla fiscal y materializa una federalización "a las malas".
"Transferir 9,2% del PIB en 2036 a municipios y departamentos ($395 billones de 2024 para período 2027-2036), sin que antes se definan competencias y destino de esos dineros, viola el artículo 334 de la Constitución, rompe la Regla Fiscal y materializa federalización a las malas", señaló el funcionario en su cuenta de X.
El mensaje responde a una alerta que hizo el presidente de Anif, José Ignacio López, sobre este proyecto de acto legislativo que está a punto de aprobarse el en Congreso de la República.
"Este Acto Legislativo propone que las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) aumenten a partir de 2027 durante un periodo de 10 años, hasta alcanzar una proporción fija del 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN)" explica el informe del centro de estudios.
De acuerdo con López, este proyecto podría generar un aumento sustancial en las transferencias, que actualmente se calculan con base en el crecimiento de los ingresos corrientes (ICN) de los cuatro años anteriores, pero no están atadas a un porcentaje fijo, conforme al Acto Legislativo 04 de 2007.
También dejaría una completa inflexibilidad presupuestal y elimina el margen para la inversión social del Gobierno y su funcionamiento. "En la práctica, esta reforma conduciría a la quiebra del Estado colombiano", alertó López.
El presidente de Anif explicó que si las transferencias del Sistema General de Participación este año estuvieran atadas a 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, el monto transferido ascendería a $148 billones, lo que dejaría una presión adicional de $77 billones frente a los $71 billones programados para este año, esto es 22,2% de los ingresos corrientes.
"De aplicarse esta fórmula, 95,3% del Presupuesto del Gobierno Nacional Central en 2024 estaría comprometido en los siguientes rubros: Transferencias del SGP (46,5%), Pago de intereses (25,1%), Pensiones (18,1%) y Vigencias Futuras (6%). Esto dejaría al Gobierno con apenas $15 billones disponibles para inversión pública y funcionamiento", aseguró López.
Agregó que si el Gobierno intenta mantener los niveles actuales de gasto en estos rubros, el déficit fiscal se incrementaría a 10,1% del PIB, lo que violaría la Regla Fiscal. "Ambas opciones serían insostenibles y comprometerían gravemente la capacidad del Gobierno para enfrentar emergencias fiscales o crisis económicas, afectando sectores clave como la inversión social e infraestructura", dijo.
Estas fueron las mismas razones que entregó el Ministerio de Hacienda para negar el aval fiscal el proyecto. Según el documento interno, la cartera económica está en contra de esta iniciativa porque "puede generar un desbalance fiscal" y también pone en riesgo "la provisión, calidad y continuidad de los servicios, la inversión social en el país y el uso eficiente y equitativo de los recursos”.
La cartera económica asegura que esta propuesta representaría un costo fiscal acumulado para la nación estimado en $327,6 billones a precios corrientes, equivalentes a $188 billones a precios constantes de 2023, lo que significa 11,7 p.p. del PIB.
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