MinHacienda no dio aval fiscal a proyecto para reformar sistema de participaciones

El Ministerio de Hacienda no entregó el aval fiscal para el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, que actualmente cursa en el Congreso de la República.

Según el documento interno, la cartera económica está en contra de esta iniciativa porque "puede generar un desbalance fiscal" y también pone en riesgo"la provisión, calidad y continuidad de los servicios, la inversión social en el país y el uso eficiente y equitativo de los recursos”.

Al momento de divulgarse este informe, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que esta "es una buena decisión" porque este proyecto de ley "no es viable".

Andrés Pardo, analista de XP Investments, dijo que este proyecto habría significado "una debacle" de las finanzas públicas.

Según el documento del MinHacienda, esta propuesta representaría un costo fiscal acumulado para la nación estimado en $327,6 billones a precios corrientes, equivalentes a $188 billones a precios constantes de 2023, lo que representaría 11,7 p.p. del PIB.

En síntesis, aseguró el Ministerio de Hacienda, esta propuesta "sería inviable debido a la imposibilidad fiscal de garantizar un monto superior al promedio de los últimos 15 años, no solo por las inflexibilidades presupuestales que genera sino principalmente debido a potenciales menores recaudos que desfinanciarían distintos programas del país".

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La primera propuesta es la del proyecto de acto legislativo, PAL, seriado en 437-2024C y 018-2024S. "Este proyecto plantea la necesidad de incrementar la participación de los territorios en los Ingresos Corrientes de la Nación incluyendo un piso en el porcentaje de la participación de las entidades territoriales en el Sistema General de Participaciones modificando así los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Para lograrlo plantean una propuesta de transición que incrementa ese porcentaje de manera gradual hasta llegar a 46,5%", explicó el Carf en el documento.

Esta iniciativa también plantea un cambio en el mecanismo de distribución de recursos del SGP, afectando el orden de la distribución actual que primero se hace de manera sectorial y luego territorial. "Dichos cambios implicarían modificaciones en la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007 que tendrá que reglamentarse con posterioridad", puntualizó el informe.

Según el Carf, este planteamiento generaría "un impacto fiscal negativo" sobre las finanzas del Gobierno Central, ya que este incremento de la participación territorial de los ingresos "aumenta la inflexibilidad del gasto y no se justifica con una redistribución de las competencias nacionales y regionales".