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Deuda del Gobierno Nacional Central
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Ricardo Bonilla y José Antonio Ocampo mencionaron que las dificultades crediticias tienen raíz en el anterior Gobierno
Las dificultades fiscales han sido uno de los temas más recurrentes para el Gobierno en lo que va de 2024. Luego de alcanzar el visto bueno del Congreso para contar con un presupuesto por $502,6 billones para esta vigencia, recientemente el Ministerio de Hacienda tuvo que hacer un recorte por el orden de $20 billones.
En medio de esa situación financiera están los programas del Plan Nacional de Desarrollo que quiere ejecutar el presidente Gustavo Petro, un frente en el que las perspectivas no son las mejores debido a la caída en el recaudo de impuestos que alimenta las arcas estatales y a la priorización que debe darle al servicio de la deuda.
Una vez Minhacienda presentó las fuentes de capital para fondear el Presupuesto General de la Nación, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), lanzó algunas observaciones relacionadas con ese tema y, por ejemplo, había señalado la inquietud que generaba la meta de recaudo por concepto de litigio de arbitrajes.
Lo cierto es que Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ha defendido en varias ocasiones que su despacho tuvo que asumir un alto endeudamiento heredado del anterior Gobierno y eso le ha dejado un margen estrecho para la inversión social.
En una columna escrita para El Tiempo, expuso que en el panorama hay deuda financiera y no financiera: "La pandemia costó cerca de $200 billones, es decir, diez reformas tributarias; pero estos recursos no se destinaron a la inversión para generar más ingresos y su pago fue contratado en muy corto plazo (2024-2025)".
A su manera de ver, sugiere una dificultad adicional el hecho de que parte de ese endeudamiento tomado en la pandemia, debido a la declaratoria de emergencia, rompió el cupo aprobado por el Congreso.
"En otras palabras, esta operación aumentó la deuda a US$82.000 millones, pero el cupo seguía siendo US$70.000 millones. El problema radica en que se deben apropiar recursos para pagar tanto la deuda del cupo como la que está por fuera de él, sabiendo que los pagos de esta última no liberan espacio de endeudamiento", mencionó.
Además, incluyó entre las obligaciones no financieras el saldo rojo que recibió en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible: "En 2022 subió a $37 billones y en 2023 bajó a $20 billones gracias al aumento del precio de la gasolina".
"Nótese que este déficit es una deuda –no crediticia– que se paga con el presupuesto de la Nación. Entre 2021 y 2024 se han pagado $69 billones y entre 2021 y 2022 se aprobaron dos reformas tributarias que recaudaron menos que eso, quiere decir que el Fepc se ha llevado el recaudo de las reformas y más", agregó.
Desde su óptica, "es evidente que la deuda sacrifica inversión justo en un momento donde se necesita reactivar la economía. En síntesis, la deuda adquirida por fuera del cupo y el déficit del Fepc también son parte de la deuda que se pagan del presupuesto público, el cual se financia con impuestos".
"Por lo tanto, al cupo habría que sumarle estos compromisos heredados. El objetivo es honrar toda la deuda y lograr recuperar el grado de inversión perdido en 2021, que es otra herencia", puntualizó.
José Antonio Ocampo, quien en su momento lideró el Ministerio de Hacienda en el presente Gobierno, también hizo su análisis de la situación fiscal y enfatizó en el alto costo que ha debido asumir la Nación para apalancarse; esto debido a la pérdida en el grado de inversión: "otra compleja herencia del Gobierno anterior", dijo.
A su manera de ver, "la decisión de Moody’s, el mes pasado, de darle perspectiva negativa a Colombia, es preocupante, porque es la única de las tres principales calificadoras de riesgo que le otorga grado de inversión al país".
Hizo notar que "por estos motivos, aparte del fiel cumplimiento de la regla fiscal y una política de reactivación, que contribuya también al aumento de los recaudos tributarios, es esencial que el Gobierno dé señales claras de responsabilidad en el pago de la deuda externa".
"Tanto las acciones como los mensajes del alto Gobierno deben ratificar la responsabilidad fiscal, así sea frustrante a veces tener que manejar herencias negativas de gobiernos anteriores. Las deudas son de la Nación", complementó.
Durante la visita en seis meses, se trabajará de manera conjunta con las autoridades colombianas en la revisión de estos temas
El presidente de la empresa estatal, Ricardo Roa, admitió el argumento sobre la deuda, pero negó la presión del presidente Petro
Las sesiones extras están convocadas hasta el 20 de diciembre, en caso de no aprobarse, retomaría su debate en febrero de 2025
