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Composición de la opción tarifaria y subasta energética
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Edwin Palma dijo que la decisión de la subasta busca espantar los rumores de que el país está ad portas de un apagón energético.
En el marco del congreso Colombia Genera, reunión organizada por la Andi y que acoge a actores del sector minero-energético, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, comentó que la cartera alista junto con la Creg una nueva subasta de expansión de energía y cambios en la opción tarifaria.
El ministro de Minas y Energía también comentó que se está manejando una propuesta en la que el Gobierno ya no asumiría la opción tarifaria, sino que serían los estratos cuatro, cinco y seis junto con el sector industrial y comercial del país los que correrían con este gasto.
"Es una propuesta que está sobre la mesa de las distribuidoras. Existen unos saldos de opción tarifaria que le abrirían caja a ellas", dijo Palma. La decisión también obedece a la caída de la Ley de Financiamiento, que provocó un aplazamiento presupuestal de $12 billones al inicio de este año.
En junio del año pasado, el Ministerio de Minas y Energía y el de Hacienda habían anunciado la creación de mecanismos que permitieran que el saldo de la deuda de la opción tarifaria de la demanda residencial, de los estratos uno, dos y tres, fuera asumida por la Nación.
Se habló una deuda de $2,7 billones que, de asumirse, representaría un alivio de entre 4% y 20% del costo unitario del servicio de energía eléctrica, dependiendo de la empresa prestadora del servicio, y proporcional al monto del crédito adquirido por la empresa.
Enel Colombia explica que la opción tarifaria es un mecanismo a través del cual se busca reducir el impacto para los usuarios, de los incrementos abruptos en la tarifa mediante la acumulación de saldos que son pagados posteriormente por el usuario a lo largo de un mayor período de tiempo. Su aplicación inició en abril de 2020.
En octubre de 2024, el comité intergremial de la energía que conforman Andesco, Alcogen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, advirtió que el Gobierno Nacional les adeuda cerca de $7 billones por ambos conceptos.
Sobre la subasta energética, el ministro comentó que, junto con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se está diseñando la regulación pertinente para avanzar con una nueva subasta energética. Agregó que la decisión pretende espantar los rumores de que el país está ad portas de un apagón energético.
Aunque la cartera defiende que el país no está cerca de llegar a esta situación, factores como el retraso en la puesta en marcha de proyectos solares y eólicos tiene un peso relevante en la incertidumbre energética, junto con el bajo nivel de los embalses en el centro del país pese a las lluvias de las últimas semanas.
El anuncio de Edwin Palma viene de la mano con la publicación de la Creg de medidas transitorias para la conexión de proyectos de generación de energía. La propuesta conjunta pretende garantizar el acceso de iniciativas al Sistema Interconectado Nacional en las regiones de mayor demanda energética.
La primera propuesta contempla que los proyectos de generación con asignaciones de energía firme en la subastas del cargo por confiabilidad, puedan solicitar ante la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, la conexión, junto con el análisis de alternativas técnicas para acceder a la red a través de la capacidad de transporte existente o, de ser viable, mediante un proyecto de expansión.
La segunda medida incluye que las solicitudes de conexión de proyectos que tengan licencias y/o permisos ambientales vigentes, podrán presentar de forma trimestral las peticiones ante la Upme. Esto bajo la premisa de priorizar los proyectos que tengan las mayores probabilidades de cumplir con las especificaciones necesarias una vez llegue la fecha de entrada de operación de los mismos.
Antonio Jiménez, director ejecutivo de la Creg, comentó que se desarrollará el proceso de actualización de las reglas de conexión al SIN, "el cual inició con la publicación de la Circular CREG 137 de 2025 solicitando los aportes y experiencias de los interesados”.
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En total, para erradicar tanto la pobreza monetaria como la pobreza extrema se necesitarían $106,2 billones, 21,04% del PGN
