MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Según informaron los funcionarios, con esto se beneficiarían, principalmente, los pequeños mineros de los municipios de Lenguazaque, Gachetá, Cucunubá, Sutatausa, Zipaquirá, Ubalá y Gachalá.
((Lea: Gobierno avanza en programa de formalización minera))
“Gracias a este convenio continuaremos brindándole acompañamiento a nuestros pequeños mineros para fortalecer las condiciones técnicas, ambientales, económicas y sociales de las Unidades de Producción Minera (UPM) que se encuentran en proceso de formalización”, afirmó Cante, y añadió que este acompañamiento integral estará dirigido a 65 UPM.
Según se anunció, del valor total del convenio, $650 millones serán aportados por el Ministerio de Minas y Energía y los $676 restantes serán de la Gobernación de Cundinamarca.
Además, este contempla el apoyo a las Unidades Básicas de Atención al Minero (Ubam), creadas por la Gobernación como punto de atención y de acompañamiento a los empresarios de ese sector en estos municipios.
“La pequeña minería seguirá siendo una prioridad para el Gobierno Nacional. Aquellos que quieran desarrollar una minería bien hecha, encontrarán en el Ministerio de Minas y Energía, un aliado clave, que promueve el progreso económico, social y ambiental en las regiones”, señaló el viceministro.
Es importante recordar que de los casi 9.000 títulos vigentes en Colombia, 981 títulos están ubicados en Cundinamarca, “solo 8% del área total de Cundinamarca está titulada; 22 de 116 municipios de Cundinamarca realizan una minería bien hecha, principalmente de carbón, arcilla y materiales de construcción”, afirmó Cante.
((Lea: Bogotá y Cundinamarca exportarían US$5.576 millones no tradicionales))
Al comparar enero a septiembre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023, se observa una variación positiva de 7% en las exportaciones lo que significan un incremento de 4,4 millones de toneladas
Jairo Orlando Villabona, director general de la Dian, se refirió en una carta abierta sobre el hundimiento de la Ley de Financiamiento
La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación sobre el estado de la salud pública y la sostenibilidad de las EPS