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Una deuda que asciende a $100.000 millones y que acumula siete meses de espera tiene pendiente el Gobierno Nacional con los molinos arroceros por cuenta de una decisión que pretendía evitar un posible paro del sector incrementando mediante un subsidio el precio del cereal.
La Cámara Induarroz de la Andi estima que los 30 molinos que se calcula operan en el país (de los cuales 65% son pequeños, es decir, trillan entre 30.000 y 60.000 toneladas anuales) deben asumir un costo financiero de $800 millones mensuales por cuenta de los saldos pendientes.
En abril de este año, el Ministerio de Agricultura publicó una resolución (177) en la cual se sometía el precio de compra del arroz paddy verde a control directo hasta el primer trimestre de 2015 pagando a los productores $100.000 más por tonelada como forma de apoyo.
A esta conclusión se llegó luego de que los arroceros convocaran un paro nacional alegando que los industriales no les compraban su cosecha al precio que ellos la ofrecían y optaban por importar la diferencia, mientras los molinos pujaban porque el Estado subsidiara los sobrecostos para que estos no se vieran reflejados en el consumidor.
“La industria ha pagado directamente ese subsidio sobre la promesa de que el Gobierno les retribuiría juiciosamente esos recursos que iban al productor y en beneficio de su economía”, explicó Jeffrey Fajardo, director ejecutivo de Induarroz.
Dado que se dejaron de percibir estos ingresos desde el 15 de mayo de este año, aún cuando las transferencias debían hacerse cada 15 días, los molinos pasaron de ser intermediarios a pagar $100.000 adicionales por más de 1,22 millones de toneladas adquiridas.
El viceministro de Agricultura, Hernán Román Calderón, aseguró que hace varios días comenzó un proceso de acuerdo entre las partes mientras el Ministerio de Hacienda hace la respectiva transferencia, pues con los recursos de la cartera de Agricultura solo les pueden responder por la mitad.
“Cuando le preguntamos a los funcionarios dicen que este año nos girarán $50.000 millones, pero no ha habido reunión entre las partes ni una comunicación oficial por escrito”, dijo Fajardo.
Según los empresarios y representantes del sector, dado que esos recursos adicionales se toman del flujo de caja de los molinos, las compañías más pequeñas tuvieron que suspender sus compras. “Nos preocupa lo que viene porque queda en duda nuestra credibilidad hacia el Gobierno. Con base en qué vamos a entrar a discutir las condiciones de comercialización del próximo año”, advirtió el director ejecutivo de Induarroz.
La situación se complica aún más cuando se considera que las perspectivas del gremio para el próximo año le apuntan a que habrá un déficit de más de 600.000 toneladas por lo que ya han solicitado se les autorice la importación de un contingente de por lo menos 200.000 toneladas de la Comunidad Andina (CAN). Aún no han obtenido respuesta.
Contrabando y TLC amenazan el sector arrocero
Según la Dian, cada año ingresan al país US$500 millones en arroz de contrabando por cuenta de más de 400.000 toneladas provenientes principalmente de Ecuador. En varias ocasiones se ha denunciado que los molinos promueven este tipo de comercio ilegal por cuenta de los déficit de producción nacionales. Otro punto que ha generado protestas es el de los TLC pues los altos costos de producción impiden competir con los precios de EE.UU o la CAN que además son subsidiados.
Las Opiniones
Jeffrey Fajardo
Director ejecutivo de Induarroz
“Llevamos dos meses en los que nos dicen que la próxima semana nos van a pagar y no sabemos cómo operará el mecanismo el otro año”.
Hernán Román Calderón
Viceministro de Agricultura
“El proceso para llegar a un acuerdo entre las partes comenzó hace unos días mientras se espera una respuesta de Hacienda”.
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