Narcotráfico y minería ilegal son algunos de los principales motores de la corrupción

Fedesarrollo, la Misión de Observación Electoral (MOE), Dejusticia y Transparencia por Colombia lanzaron el año pasado el estudio “Recomendaciones para combatir la corrupción en Colombia”. El análisis fue el resultado de un debate sobre los principales medios y fines de la corrupción en el país, como las regalías del sector minero energético, que podrían estar bajo el foco de la corrupción.

Según una recopilación de datos históricos de Expansión sobre corrupción, el Índice de Percepción se mantuvo en 39 puntos durante el año pasado y el país se ubicó en el lugar número 87 de un ranking compuesto por 180 países. Desde el año 2011, Colombia se ha mantenido en cifras similares y llegó a su punto más bajo de percepción de corrupción en 2011, año en que alcanzó un puntaje de 34.

El documento revelado por Fedesarrollo tiene una serie de diagnósticos y recomendaciones para combatir la corrupción. De esta manera y , según Vivian Newman, directora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), en el país hay economías ilegales que son los principales impulsores del problema. El narcotráfico y la minería ilegal son algunas de las actividades que menoscaban la transparencia en Colombia.

“En general, la corrupción nace en cualquier red en que, sin el cumplimiento de las normas, se estén extrayendo beneficios personales en detrimento del interés público”, aseguró. El estudio recalca que la corrupción es un problema que obstaculiza el desarrollo socio económico del país.

“La corrupción es entendida como el abuso de un poder encomendado para el beneficio privado en detrimento del interés general; socava el crecimiento futuro de la economía al impactar negativamente la cobertura y calidad de los servicios públicos, además de distorsionar la asignación de recursos en la economía”, se puede leer en el documento. Newman agregó que los agentes corruptores están en la base y pueden pertenecer a distintos ámbitos: público, privado o cargos del Estado. Adicionó que estos actores con poder de influencia pueden representar grandes intereses económicos que son obtenidos a costa del detrimento del interés público.

“Desde hace 30 años el Estado ha ido creciendo porque ofrece más servicios y se encarga de más asuntos: hay una vulnerabilidad particular, pues cuenta con más programas y, al participar en la economía más de lo que participaba antes, existe mayor riesgo de corrupción”, aseguró Newman.

La experta aseguró que, por ejemplo, Colombia depende de recursos naturales como gas, petróleo o carbono y el dinero de estos bienes llega al Estado, el cual se ocupa de repartirlos en los territorios a través de las regalías, lo cual supone altos riesgos de corrupción.

Sobre la participación de la ciudadanía, Newman destacó que hay una barrera grande con respecto al acceso a la información y no hay protección al denunciante. “No hay leyes que protejan a los denunciantes e, inclusive, se han buscado normas para disuadir a la ciudadanía para que no cumplan su rol de denuncia”, dijo.

Ad portas de la elección de un nuevo presidente es clave resaltar que el estudio destaca que la puerta de entrada a la corrupción es el sistema electoral. Por ello, las recomendaciones de los expertos parten de fortalecer la capacidad de investigar, regular y sancionar del Consejo Nacional Electoral. Además, resaltan que debe haber un financiamiento de las campañas que sea mayoritariamente público.

Asimismo, una recomendación importante es concentrar las funciones de la Procuraduría en perseguir y mitigar el impacto de la corrupción de alto impacto. “Proponemos que haya más independencia y mejor técnica para hacer seguimiento a la Ley de Transparencia, pero no hay voluntad política para hacerlo. Se debe usar más inteligencia artificial, análisis de redes e intercambiar información entre entidades, como la Dian”, dijo la experta.