"No hay que revictimizar a las empresas con anuncios sin sanción": Andrés Barreto

Respetar el debido proceso de las investigaciones y mantener un equilibrio jurídico en la toma de decisiones es quizás una de las mejores formas para no revictimizar a las empresas. Esa podría ser una de las conclusiones de Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, quien aclara que como rol de juez no se pronunciará sobre ningún cartel empresarial hasta que no se tengan las pruebas y los sustentos técnicos que lo determinen.

Barrero aclara que en este momento son 39 investigaciones y nueve informes motivados los que están en curso en la entidad. Aunque añade que se han impuesto más de $111.000 millones en multas por competencia, destaca que es necesario revisar los castigos con base a ingresos o activos. Esto con el objetivo de reforzar las facultades de la Superindustria y alcanzar altos estándares internacionales como sus pares.

En Inside LR, el funcionario habla de la participación en la Ocde y la economía digital, las empresas, los consumidores, la abogacía de la competencia y los influenciadores, quienes para final de año tendrían que seguir una guía que autorregularía sus conductas comerciales.

¿Cuáles son los sectores empresariales que más vulneran este tema de bases de datos?

De variada gama. Empresas de telecomunicaciones, banca y plataformas de venta directa. Hace poco impusimos una sanción por violación de datos a Banco Falabella y a otra empresa por el hecho de que duraron seis meses sin responder un derecho de petición. No le dan una respuesta al ciudadano respecto cómo obtuvieron los datos y pues ya eso raya en el acoso y raya en la violación legal. Yo creo que hay tres sectores grandes que, por obvias razones, son los que más clientes tienen.

¿Es necesario incrementar las multas de las empresas que caen en actos anticompetitivos?

Tenemos el ámbito sancionatorio más alto de las superintendencias. Eso, obviamente, en cualquier principio de derecho sancionador previene (...) El hecho es que las empresas piensen dos veces antes de cometer una infracción o una violación.

Siempre quisiéramos tener sanciones más altas, pero yo creo que la discusión no necesariamente es la efectividad de la sanción en el número o en el porcentaje, sino la capacidad que se tenga de poder realizar eso. ¿Qué hemos pensado? En el Plan de Desarrollo se propuso por ejemplo que cambiáramos de una cifra fija en salarios mínimos a los activos o a los ingresos operacionales de una empresa. (...) En ese sentido, pues nos gustaría revisar en el marco histórico de la Superintendencia si valdría la pena hacer una reforma, para cambiar el porcentaje de multas.

¿Cuántas empresas pagan y cuántas se quedan sin pagar? ¿Tiene esas cifras?

Se está haciendo ese estudio porque precisamente también hay un cambio respecto de lo que es el cobro coactivo. A veces la gente se queda con el tema mediático de cuánto fue la multa general y se olvida que a veces las partes recurren la decisión (...) A nadie le sirve hacer un anuncio espectacular de cientos de miles de millones de pesos, y al final del día usted tiene tres sillas viejas y dos computadores para cobrar la multa. Entonces precisamente desde que llegué, ese es un análisis que estamos haciendo desde la entidad.

¿En qué van las investigaciones de los llamados nuevos carteles: mercado del cloro y el de la soda cáustica? ¿Qué otras investigaciones adelantan en temas de cartelización?

Las investigaciones van muy bien, pero sí le debo decir que en aras del debido proceso yo no me pronuncio de ningún cartel de investigación. Creo que es un equilibrio jurídico que hay que tener. No hay que revictimizar a las empresas haciendo anuncios sino hasta que tienen la sanción. Y yo, en ese rol de juez, quiero ser como los jueces y no hablar a través de mis decisiones temas que están en investigación (....). No obstante, sí puedo decir que, por ejemplo, en lo corrido de lo que llevo en esta administración hemos impuesto 11 sanciones por el orden de $111.000 millones.

¿Por qué cree que se generan este tipo de carteles? ¿Es una actitud, un comportamiento, solo de Colombia?

No, eso es un tema muy general. Y por eso es que hay autoridades de competencia en el mundo. Es un tema también que tiene unos ribetes que pegan digamos en lo penal y por eso hay autoridades que también comparten esas funciones. Nosotros mismos tenemos un convenio de cooperación con la Fiscalía General de la Nación que nos viene muy bien porque tenemos unas funciones de tratamiento de pruebas y análisis forense de pruebas para ello.

¿Cuánto pierde el Estado por esta práctica de colusión en las licitaciones públicas?

Eso es una muy buena pregunta para la Contraloría General de la República, que es la que está adelantando ese análisis por el daño fiscal. Lo que sí puedo decir es que en materia de colusiones esta es la autoridad que por ahora ha sido más exitosa (...). Las cifras que yo le he escuchado al Contralor General de la República es que desafortunadamente si se recupera 2% del daño fiscal, es mucho.

¿Cuáles son esos derechos de los consumidores que más están vulnerando las empresas?

En general, los de más reclamaciones son, obviamente, publicidad engañosa, garantías de derecho de retracto y temas que tienen que ver con disputas o controversias contractuales. La delegación del consumidor es una que se mueve mucho, pues, por obvias razones, son las de mayores reclamaciones y lo que más afecta al ciudadano.

¿Pero los consumidores si presentan denuncias?

En Colombia, y los ciudadanos en particular, se está volviendo una cultura de consumidor informado (...) Ahora con las redes sociales y con la facilidad de la denuncia, las personas cada vez se empoderan y se apropian más de esto.

¿Cuántas denuncias recibe la Superintendencia al día?

No, al día no. Se codifican digamos mensualmente y se codifican en un barrido que hacemos trimestralmente, porque diariamente en la red de protección de protección del consumidor, no.

¿Cuántas patentes se registraron en el primer trimestre y en qué áreas? ¿Falta por fortalecer esta cultura?

Tenemos 945 patentes registradas. La Superintendencia Industria y Comercio, como autoridad nacional de registro de propiedad industrial, tiene en su cabeza todavía el registro de esto. La cultura del tema de las patentes es un tema muy importante porque realmente es la monetización o la trazabilidad de cuánto es el avance en ciencia y tecnología. Quienes más registran son las universidades, que tienen centros de investigación, algunas empresas, que obviamente tienen el interés de proteger sus derechos de propiedad industrial, y algunas entidades oficiales principalmente las universidades públicas y el Ministerio de Defensa.

La SIC está estudiando la posibilidad de regular la publicidad que hacen los influencers, ¿qué fallas han encontrado que los lleve a adelantar esta regulación?

Bueno, este tema es muy interesante porque es muy de actualidad. Nosotros veníamos haciendo un análisis de qué pasaba en el mundo y en el marco de la reunión de la Red Mundial de Competencia nos sentamos con la autoridad de competencia del consumidor del Reino Unido, que es tal vez la que más ha avanzado en el mundo. En su experiencia fue que ellos hicieron una guía, una cartilla, de autorregulación para empezar a sincerar la discusión.

En los medios digitales no se podría ser análogo a esa regulación pero sí deberíamos llegar a un estándar de autorregulación. Por ejemplo, si yo quiero promocionar bebidas alcohólicas, eso tiene un filtro. Si yo quiero promocionar tabaco, imagínese las restricciones. Si son servicios financieros peor aún (...). ¿ Cuál es la idea? Obviamente empezar una conversación entre la autoridad (la Superintendencia); los influencers, que son quienes se dedican a esto; las agencias de medios digitales; las empresas, que contratan estos servicios, y empezar a tomar todas sus preocupaciones.

La idea, entonces, es un poco construirlo entre varios actores. Ya sabemos que es un tema que está internacionalmente. Sería poder traer la guía: primero autorregular y dar estas pautas, para no tener que llegar a una ley.

¿Para cuándo estaría esa guía lista?

Yo espero tener suscrito el convenio de cooperación con el Reino Unido en próximos meses. Paralelamente, ya estoy trabajando con Perú para compartir la experiencia. Esperaría que en un término, de no más de dos meses, necesitemos la primera mesa. Pero sí quiero que esto sea un producto de final de año de la Superintendencia: mi guía de influenciadores.

¿Y por qué no una ley, Superintendente?

Primero, porque nosotros carecemos de iniciativa legislativa. Segundo, porque hemos tenido otros temas novedosos como criptoactivos y otras situaciones que son novedosas. Entonces sería una torpeza en mi opinión jurídica regularlas porque todavía falta mucho camino por recorrer.

¿Las posibles sanciones serían para los influencers o para las empresas que utilicen a los influencers? Porque al final la que hace la publicidad es la empresa y el influencer es sólo un canal de comunicación.

Ese es un excelente punto. Algo que tenemos que determinar, por ejemplo, es la relación contractual. ¿Era conmigo como influenciador y cambió la relación jurídica cuando me contrataron? Cuando la empresa quiso pasar las leyes de protección del consumidor en publicidad para no hacerlo en televisión, utilizó esas plataformas. Yo creo que por eso es que tenemos que tener esta discusión para definir cuál es el régimen de responsabilidad. Es decir, ¿cuál es el régimen en el que se diluye la responsabilidad y quién tiene que responder?. ¿En qué caso el influenciador, la agencia que lo contrata o la empresa? Y esa es una conclusión a la que tenemos que llegar.

¿Han pensado el tema de las sanciones?

No, estamos en eso. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que la sanción solamente puede derivar de una ley. La guía lo que busca es dar un código de conducta de autorregulación que, por ejemplo, fue muy exitoso en el Reino Unido.

En general, ¿qué tipo de publicidad engañosa es las que más sancionan y que multas en monto han impuesto?

Son del orden de miles de millones de pesos. Para darle la cifra de lo que llevamos hasta ahora en este año son $10.163 millones que hemos impuesto en multas al consumidor.

Ocde y economia naranja

Colombia ya fue aceptada en la Ocde, pese a que aún no se ha sido oficializada como miembro de la organización, ¿en qué temas se están avanzando para cumplir con los requisitos de ese organismo?

Falta ratificar el último instrumento para tener ingreso como miembro de pleno derecho, que es el protocolo de privilegios inmunidades de la organización. Eso está en revisión de la Corte Constitucional para sentencia de exequibilidad. Si la Corte así lo declara el presidente tendrá que ratificar ese instrumento, enviarlo a la Ocde, y entraríamos de pleno derecho. No obstante, esta Superintendencia ya participa en dos comités: del consumidor y competencia, en los que somos la autoridad nacional.

Una de las sesiones en las que participó la SIC fue sobre privacidad en la economía digital y el buen uso de los datos de los usuarios en internet. ¿Facebook cumplió con las órdenes que le dieron de adoptar nuevas medidas para proteger la seguridad de sus usuarios?

Facebook fue objeto de una medida preventiva por parte de esta autoridad. Ese plazo se vencía el mes pasado. Facebook a través de sus apoderados, como es su derecho, recurrió la decisión y estamos ad portas de esperar si la segunda instancia en la Superintendencia se lo confirma, tiempo en el cual estaremos atentos a recibir esa auditoría que se les pidió. Pero el término principal venció el mes pasado. Facebook recurrió la decisión. Estamos esperando que la delegatura de protección de datos tome una determinación final respecto a ese recurso.

Colombia no es el único país donde se han anunciado medidas en torno a este tema para Facebook. ¿Cree que es una decisión de cada país o es algo que debería ser estándar?

Pues ese es un buen caso porque está pasando individualmente en cada jurisdicción. Pero de todas maneras sí hemos encontrado un grado de relación en el mundo. Por ejemplo, la autoridad ante carteles de Alemania, que no es autoridad de datos personales, construyó una sanción de competencia derivada de datos personales. Las autoridades de los Estados Unidos, que están divididas entre la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia también tienen a Facebook en un proceso.

Usted se ha quejado del uso de los datos que hace Rappi e incluso políticos como Luis Felipe Henao y Germán Vargas Lleras han lanzado críticas sobre fallas de seguridad. ¿Hay alguna vigilancia o preocupación especial sobre esta aplicación?

No sobre la aplicación, sino que en general nosotros como autoridad de protección de datos tenemos que estar pendientes. Y eso nos abarca un universo donde están las empresas de telecomunicaciones, las aplicaciones, las empresas que prestan servicios de empaquetamiento, la televisión, la banca, y el sector financiero no tradicional (...) No es una fijación en particular con ninguna empresa, pero sí es un poco la invitación a que esas vulneraciones a violación de datos no se puede permitir.

Corte Constitucional

¿La reciente sentencia de la Corte Constitucional limitó las facultades investigativas de la Superintendencia de Industria y Comercio?

No, al contrario. Yo creo que ratificó en buena hora lo que venía haciendo no solamente esta Superintendencia sino todas las autoridades de inspección, vigilancia y control. En el sentido de que como es apenas obvio tenemos una función de policía administrativa y eso nos permitió adelantar investigaciones.

Tras la sentencia, ¿cómo quedaron reglamentadas las facultades de la Superindustria?

Estamos en el estado anterior. Es decir, están ratificadas todas nuestras funciones de investigación en materia administrativa.