"No se va a privatizar ningún activo considerado estratégico", Carrasquilla

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El Estado tiene participación en 105 empresas que valen $170 billones

El Ministerio de Hacienda sigue revisando cuáles de las 105 empresas en las que la nación tiene participación y que valen en conjunto unos $170 billones serían las mejores opciones para desprenderse en busca de financiar el Presupuesto General de la Nación para 2020. Sin embargo, lo único que queda claro por el momento es que no se venderían los activos considerados como “estratégicos”. Hay que recordar que en 66 de estas empresas el Estado tiene actualmente participación minoritaria y que en otras 39 cuenta con mayoritaria.

“Nada que sea estratégico se va a privatizar. Eso tendrá otra discusión en el Congreso. El Gobierno no va a meter un mico para incluir esa facultad. Por ejemplo, ya tiene autorización para vender acciones en Ecopetrol. Lo que sí decimos es que vamos a usar muy a fondo la facultad que nos dio el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó para construir una holding financiera y tratar de usar ese capital para fines sociales”, aseguró el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el debate del Presupuesto en las comisiones económicas conjuntas del Congreso, que se aprobó ayer con un monto inicial de $271,7 billones.

En total, a través del manejo de los activos de la nación se esperan conseguir para el Presupuesto de 2020 unos $8,5 billones. No obstante, tal y como explicó el ministro en la discusión del proyecto de ley, en algunos casos se trataría más de optimizar que de vender estas participaciones.

Por ejemplo, gracias a esa optimización de la holding de inversiones del Estado, Carrasquilla contempla ingresos adicionales por alrededor de $2 billones para 2019, que en un escenario negativo podrían descender hasta unos $1,5 billones.

Por su parte, $2,8 billones saldrían de la valorización de las participaciones minoritarias como podría ser el caso de Telefónica que desde el año pasado se anunció la venta de ese 32,5% que la nación tiene en Colombia Telecomunicaciones (Coltel). O también otros $2,5 billones se conseguirían a través de la optimización de las propiedades de distribución eléctrica.

Igualmente, el ministro proyectó que por utilidades adicionales del Banco de la República se podrían tener hasta $1,5 billones de recursos y que por una tasa de cambio más alta se conseguirían más de $1 billón. “Una tasa de cambio $100 más depreciada a la que se contempla en los supuestos actuales podría generar cerca de $1 billón de ingresos adicionales en el Presupuesto”, sostuvo Carrasquilla, quien volvió a recordar que aplazará el pago de su deuda para garantizar recursos y que, de manera adicional, se realizará un nuevo endeudamiento por el orden de $19,2 billones.

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Inversión del Presupuesto aumentó en $7,2 billones hasta $47,5 billones

Se aprobó el proyecto en las comisiones económicas del Congreso
Los congresistas de las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron el Presupuesto General de la Nación por un monto inicial de $271,7 billones con una inversión que aumentará $7,2 billones hasta $47,5 billones, pero con una deuda y un funcionamiento del Estado que bajarán $4,7 billones y $2,4 billones, respectivamente. La próxima parada será en unas semanas en las plenarias del Congreso.

“En la ponencia se incluyeron más de 300 proposiciones. Habrá mayores recursos para la Educación, para Familias en Acción, para los subsidios.... Además, se incluyeron una serie de artículos nuevos que benefician a las regiones”, manifestó el senador del Partido Conservador David Barguil.

Entre esos artículos nuevos están algunos como la terminación del programa de subsidios de vivienda a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que pasarían a cargo de la cartera de Vivienda o nuevos subsidios de energía para los distritos de riego. Igualmente, en el proyecto que pasó de tener 92 artículos a 137 se contempla que las entidades territoriales que requieran convocar y llevar a cabo mecanismos de participación ciudadana girarán previamente los recursos necesarios para sufragar estos gastos al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional y este los incorporará en su presupuesto.

“Este artículo coloca a los entes territoriales a que financien sus propios mecanismos de participación ciudadana. Ello afecta a la democracia porque significa que tendrían que pagar las consultas populares o las revocatorias de mandato. El Gobierno se quiere ahorrar $2,6 billones que es lo que cada año se destina para estos mecanismos”, denunció la representante Katherine Miranda.