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De hecho, la ACP indicó que es importante que esto aplique “en otros eventos sobrevinientes como consultas populares o situaciones de conflictividad social que impiden el desarrollo de las inversiones”.
Dentro de los puntos del acuerdo, la ACP en cabeza de Francisco Lloreda subrayó, por ejemplo, la creación de un proceso competitivo permanente; la eliminación de la tabla de precios que encarecían el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y la implementación de medidas que permiten ajustar a los precios internacionales variables como las capacidades económicas-financieras para habilitar proponentes, entre otros.
“Esto premia eficiencias de las empresas y se ajusta a las dinámicas de la industria y el mercado”, indicó el equipo económico de la ACP.
También hizo mención de los aspectos que endurece el acuerdo, tales como la exigencia de una mayor capacidad financiera y operacional para los contratistas en ciertas áreas de exploración y producción y más restricciones en lo relacionado con sanciones por incumplimiento.
Desde la perspectiva de la Asociación, “eventualmente estos ajustes podrían convertirse en una restricción para la entrada de nuevos inversionistas, en un momento en que el país necesita mayor inversión”.
Además del acuerdo y su reglamentación, la ACP mencionó que también es determinante resolver los retos y obstáculos que se presentan en las regiones petroleras, incluida “la preocupante proliferación de consultas populares contra la actividad cuya solución va más allá del resorte de este acuerdo”.
De todo esto dependerá la reactivación de la inversión E&P en Colombia, concluyó la ACP.
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