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La propuesta que cursa trámite en el Congreso plantea que quienes estén a menos de 10 años para jubilarse puedan cambiarse de régimen
Hoy se discutirá el proyecto de ley 050 de 2019 en la Cámara de Representantes, con el que se busca abrir una ventana de seis meses para que las personas a las que les queden 10 años o menos para jubilarse puedan trasladarse de régimen pensional, si así lo desean.
De aprobarse, la medida cuya ponencia está a cargo de María Cristina Soto, podría ser aplicada por hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 47 años, siempre y cuando hayan cotizado un mínimo de 750 semanas. Algo prohibido hoy.
"Con este proyecto se pretende fomentar la integración y la proyección de los más vulnerables, tenemos como ejemplo una persona que ahorra durante muchos años parte de su trabajo y según cifras del DANE, goza 14 años de su pensión, lo cuál es merecedor de poder obtener un excelente uso de sus ahorros con una oportuna y veraz asesoría sin sentirse engañado", dijo la representante de la Cámara.
Pero esta no es la primera vez que se trata de legislar sobre el mismo principio, pues, aunque con algunas diferencias de forma, el año pasado la misma idea había sido incluida en el Plan de Desarrollo, específicamente en el artículo 84, y fue eliminada al considerar que era demasiado costosa para la Nación y que, según argumentó Asofondos en su momento, solo beneficiaba a 170.000 personas.
En este caso, la ventana de tiempo que se quería habilitar era de cuatro meses y podían aplicar las mujeres mayores de 50 años y los hombres de al menos 52 años.
Pero hubo otro intento. La semana pasada LR dio a conocer un borrador de decreto en el que estaba trabajando el Ministerio de Hacienda y con el que se que pretendía abrir la misma opción de traslados exprés por un periodo de un año. Sin embargo, este fue descartado por el Gobierno el día que se publicó el artículo.
Ahora bien, la diferencia entre el proyecto de ley de la Cámara y el que planteaba la cartera de Hacienda, básicamente es la argumentación.
Por un lado, el documento que se discutirá hoy en el Congreso señala que se deben “corregir las disfuncionalidades” del sistema pensional por la ausencia de la doble asesoría que hubo durante 22 años, dado que el sistema pensional paralelo (público/privado) se estableció en 1994 y fue solo hasta 2016 que se incorporó el deber de hacer esa doble asesoría.
“Los posibles pensionados que se beneficiarían tienen salarios entre 1,6 y 2 salarios mínimos, para quienes buscamos justicia social y resarcir los riesgos de este sistema”
“Con esto se corregirían las disfuncionalidades del sistema pensional por la ausencia de la doble asesoría durante 22 años que derivó en reclamaciones judiciales”
Y esto, según destacó Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, quien emitió concepto para el articulado, ha desencadenado una lluvia de reclamaciones judiciales de personas que señalan haber recibido información parcial al haber elegido a las AFP.
De hecho, según el Ministerio de Hacienda, en la actualidad hay más de 32.000 procesos judiciales en curso de personas que quieren retornar a Colpensiones y a quienes les faltan menos de 10 años para jubilarse. Lo anterior cuesta cerca de $12.000 millones al año y quedan a favor de los demandantes en 95% de los casos.
“Esta decisión de intervención legislativa contribuiría a la descongestión judicial en la especialidad ordinaria laboral”, dijo Jaramillo.
Por el otro lado, el borrador de Hacienda señalaba que la medida era necesaria teniendo en cuenta que las previsiones de los analistas apuntan a que el desempleo este año llegará a niveles de 20% y, por tanto, las contribuciones caerán significativamente, dejando de percibir $3 billones entre 2020 y 2021, que se deberían sumar a $9,9 billones que ya cuestan los subsidios a las mesadas pensionales en el presupuesto.
Sin embargo, el grito en el cielo de analistas y AFP radica en que se privatizaría el ahorro de cerca de 350.000 personas, golpeando el mercado de capitales, a cambio de recibir cerca de $30 billones frescos y un pasivo pensional de $50 billones que deberá ser asumido por el Gobierno en el mediano plazo, generando una mayor carga fiscal.
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