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Para gremios y el Gobierno, la iniciativa de la prima extralegal de los trabajadores afectaría a la formalidad, generaría inflación y elevaría el desempleo.
A pesar de las críticas realizadas por el Ministerio de Hacienda y el Consejo Gremial al proyecto de ley con el que se pretende crear una prima adicional para los más de seis millones de trabajadores que devengan hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, la plenaria del Senado dio luz verde el martes a esta iniciativa promovida por el senador y expresidente Álvaro Uribe.
Lejos de parar la polémica, esta decisión provocó ayer un aluvión de críticas de diferentes gremios, centros de pensamiento y economistas que opinan que la aprobación de este proyecto no solo desestimularía la contratación formal al elevar el salario mínimo y los costos no salariales sino que también generaría presiones inflacionarias y hasta elevaría la tasa de desempleo, que en abril se ubicó en 10,3%.
En concreto, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) divulgó un informe en el que proyectó que esta nueva obligación laboral produciría un aumento del mínimo de 4,16%. A su vez, indicó que los costos no salariales (salud, pensión, vacaciones, auxilio de transporte...) asociados a la prima que hoy pesan entre 8,8% y 9,3% pasarían a suponer hasta 9,68%.
“El incremento de los costos salariales en 1% generaría un aumento en la tasa de desempleo de 0,1%. Además, los elevados costos no salariales obstaculizarían el proceso de formalización. Igualmente, esta nueva prima haría mayor la brecha de inequidad entre trabajadores formales y los informales puesto que la medida solo cobijaría a los que devengan entre uno y tres salarios, excluyendo aquellos que ganan menos de uno”, manifestó Rosmery Quintero, presidenta de Acopi.
“Llama la atención que se incrementó el año pasado de forma exagerada el mínimo y que se le subió hace unas semanas a los servidores públicos entre 4,5% y 11% y ahora pretende dar bonificaciones”.
“Los costos se trasladarían a los consumidores de bienes y servicios, lo que a su vez produciría un efecto inflacionario por el incremento del costo de vida de la población”.
Igualmente, tanto el director de Fedesarrollo como el de Anif mostraron su oposición a este proyecto al que todavía le quedan dos debates más. Mientras que Luis Fernando Mejía opinó que se trata de una iniciativa inconveniente que encarece el empleo formal en un momento en el que la tasa de desempleo ha aumentado de manera consecutiva en los últimos ocho meses, Sergio Clavijo aseguró que esta no es una buena forma de conducir la política fiscal.
“Llama la atención que el Gobierno incrementó el año pasado de forma exagerada (6%) el salario mínimo y que les subió hace unas semanas a los servidores públicos entre 4,5% y 11% y ahora pretende dar bonificaciones salariales”, expresó Clavijo.
Por su parte, el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, también quiso expresar que esta medida genera los riesgos ya mencionados. Hay que recordar que en la carta que envió MinHacienda al Congreso se proyectó un costo de esta prima solo en los funcionarios de orden nacional de $205.000 millones.
A pesar de no tener respaldo de gremios ni del Gobierno, Uribe afirmó ayer en La FM que esta medida es necesaria puesto que es mejor pagar $5 más a los empleados, que ponerles $5 más de impuestos.
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