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El Ministerio de Comercio e Industrias del país vecino mantiene su defensa justificando que la restricción afecta el comercio de la Zona Libre de Colón.
El gobierno de Panamá ya sabe quiénes serán los integrantes del panel arbitral del Grupo Especial que debatirán en la Organización Mundial del Comercio, para este caso, si hubo o no algún incumplimiento a las normas de aranceles consolidados ante la Organización.
Según la agencia de noticias ANPanamá los integrantes del panel arbitral para solucionar el problema son Elbio Rosselli- de Uruguay, quien es el presidente, Carlos Véjar Borrego- de México y Fabián Villarroel Ríos- de Chile.
Este Panel de expertos lleva a cabo la realización de un calendario para presentar alegatos y audiencias frente al caso.
La demanda fue impuesta frente al Decreto 074 y no sobre las nuevas medidas que se están estudiando para la prórroga de esta norma que según la viceministra de Comercio, Claudia Candela, están en estudio y son las más recomendadas para continuar apoyando a la industria nacional.
Sin embargo, al conocer Panamá que se estaban estudiando nuevos cambios al Decreto, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá emitió que “cualquier prórroga o modificación de dicha medida que persiga seguir menoscabando nuestros intereses comerciales, las cuales han sido anunciadas, pero no adoptadas aún por Colombia; está contemplada dentro de los alcances de la demanda interpuesta y agotaremos todos los recursos necesarios para exigir a Colombia, que cumpla con sus compromisos con el libre comercio internacional”.
El resultado del debate y la demanda interpuesta en la OMC puede demorar hasta un año y medio después de su radicación que fue en junio de 2013.
En cuanto a las proyecciones, varias entidades señalaron que la tendencia en recaudo estará a la baja desde 2027, llegando a sus mínimos en 2032
Datos de la Upme revelaron que la oferta lograría un equilibrio mayor al actual, comparado con la utilización de fuentes no convencionales y combustibles fósiles
La medida, impuesta por daño a la industria nacional, según una investigación del Gobierno, estará vigente por próximos dos años
