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El Gobierno expidió el Decreto 142 que contempla esa medida bajo ejes temáticos para ampliar la oferta en las entidades estatales
El Gobierno expidió el Decreto 142, con el que se permitirá destinar recursos para fomentar la contratación directa de Mipyme y proveedores de la economía popular en las compras públicas.
“Logramos sacar el (Decreto) 142 que tiene unas condiciones concretas que son muy favorables. En especial, permite segmentar recursos a fin de que se contrate directamente a las Mipymes”, dijo el director de Colombia Compra Eficiente, Stalin Ballesteros.
Ballesteros explicó que la decisión se tomó dado el número de micronegocios que hay en el país, pues según datos del Dane, hay más de cinco millones de negocios de este tipo. Varios de estos, indicó Ballesteros, no han tenido el suficiente respaldo ni las “condiciones para crecer”.
La norma contempla ejes temáticos para ampliar la oferta en las entidades estatales: ambiental, Mipyme, convenios solidarios y eliminar la barrera de accesos e instrumentos de agregación.
El primero, habilita las entidades públicas para que incorporen criterios sociales y ambientales en los procesos de selección, una medida con la que se busca orientar el comportamiento de los agentes económicos para favorecer el cumplimiento de objetivos no comerciales.
El fomento de la participación de las Mipymes en el mercado de compra pública propende que las entidades públicas dividan sus procesos de contratación por segmentos, con el fin de promover la participación de las Mipymes en dichos procesos.
Habilita a las entidades públicas para que incluyan en los pliegos de condiciones mecanismos y reglas que limiten el número de segmentos a ser adjudicados a un mismo oferente, con el propósito de democratizar la compra pública.
También se busca implementar mecanismos para la superación de barreras de acceso al sistema de compras públicas que promuevan la participación de actores de la economía popular, por lo que se crean las ferias de negocios inclusivas, como instancia no obligatoria de consulta al mercado, para identificar barreras de acceso en los procesos de contratación por parte de los actores de la economía popular.
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