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La entidad señala que el proyecto de acto legislativo se hizo al revés, ya que primero se debió discutir la ley de competencias
Luego de aprobarse la reforma al Sistema General de Participaciones en el sexto de ocho debates, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, volvió a alertar por los cambios que trae este proyecto y su impacto en la deuda y en el déficit fiscal.
La entidad señaló que, pese a los cambios acordados entre el Gobierno y los ponentes del proyecto de acto legislativo, el déficit y la deuda seguirían siendo superiores al escenario base que es el consistente con el cumplimiento de la regla fiscal en el mediano plazo.
Agregó que la discusión se hizo al revés, ya que lo primero que debió abordar el Congreso de la República era la ley de competencias, que le transfiere, además de los recursos, las responsabilidades a los municipios y departamentos.
"La discusión de esta reforma inició por el final. Lo primero que habría que revisar es cuáles son las competencias que el Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales, cuál es su capacidad de ejecución y cuáles son las necesidades de gasto sectorial", dijo el Carf.
Para superar el sexto debate y ante las alertas de analistas del mercado, el senador Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, detalló que se acordó bajar el umbral de 46,5% de los ingresos del Estado que se transferirán a las regiones, a 39,5%. Además, se aumentó el plazo de 10 a 12 años y la entrada en vigencia será una vez se apruebe otro proyecto de ley que fije las competencias que se les transfieren a los territorios para completar el proceso de descentralización.
El Carf asegura que con la reducción del porcentaje de transferencias a 39,5%, el esfuerzo fiscal entre 2026 y 2035 se reduce de 3,1pp a 1,7pp del PIB. Además, se incluyó que la senda de crecimiento de los recursos del SGP debe ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Pero estas medidas no convencieron del todo al Carf: "Si bien estas modificaciones son, en el margen, positivas, el Carf considera inconveniente la iniciativa, ya que las transferencias para financiar sectores no puedan reducirse en términos nominales de un año a otro".
También alertó el hecho de que no exista un mecanismo de estabilización de las transferencias del SGP a las regiones. "En síntesis, el Carf manifiesta que cualquier modificación de SGP que incremente la rigidez de las transferencias e imponga nuevas obligaciones de gasto al Gobierno Nacional pone en peligro el cumplimiento de la regla fiscal".
Finaliza diciendo que con la reforma "se crea una situación de posible superación del límite de deuda en el mediano plazo. La situación actual de las finanzas públicas y de la rigidez del gasto del gobierno nacional es ya retadora en ausencia de este proyecto de reforma".
Miguel Silva explicó que este proyecto es de competencia del Gobierno Nacional y que la ANI tiene la responsabilidad principal sobre su ejecución
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