Gustavo Petro declarará emergencia económica para atender virus de fiebre amarilla

El presidente Gustavo Petro declarará una emergencia económica, justo después de la emergencia sanitaria, debido al brote de fiebre amarilla que ha afectado a varias regiones del país. Según él, esta decisión no se basa en intereses personales, sino en la necesidad de proteger la vida. "No se trata de lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros que controlan la política económica, sino de algo simple y contundente: la vida", afirmó.

El virus se transmite a través del mosquito Aedes aegypti, que ha ido expandiendo su presencia debido al aumento de temperaturas provocado por la crisis climática. "El calor hace que el mosquito suba las montañas, atraviese los páramos y llegue a ciudades como Bogotá", explicó Petro. A diferencia de brotes anteriores, ahora el insecto representa un mayor riesgo en áreas urbanas debido a la alta densidad poblacional.

Según comentó el mandatario, la enfermedad tiene una tasa de mortalidad de 50%. Hasta ahora, se han reportado 74 casos humanos, con 32 fallecimientos, principalmente en Tolima. "Los primeros en morir fueron los monos en las zonas cafeteras. Ellos no tienen la culpa, se contagian como nosotros, pero solo el mosquito transmite el virus", detalló el presidente.

El brote comenzó en la selva amazónica y se extendió a los bosques de Galilea, en el sur del Tolima. Petro mencionó que, tras el proceso de paz, la tala ilegal en la región ha facilitado el contacto entre el mosquito y las comunidades. "La gente entró a sacar madera y eso movió el virus hacia la población. Primero vimos monos muertos en Villarrica, luego aparecieron casos en Dolores, Cunday, Icononzo y Melgar", precisó.

El turismo durante la Semana Santa representa un riesgo adicional, ya que podría propagar el mosquito hacia Bogotá y otras ciudades. "El turismo en Melgar solo debe ser para quienes estén vacunados. Si no están inmunizados, no deberían viajar a zonas de riesgo", advirtió. Hasta ahora, 200.000 personas han sido vacunadas en Tolima gracias a la coordinación con hospitales y EPS.

Petro criticó la falta de apoyo de la Gobernación del Tolima: "No nos han ayudado, no han destinado recursos para detener el virus". Contrastó esta situación con los encomiables esfuerzos de alcaldes y directores de hospitales. También expresó su preocupación por Bogotá, donde "el Distrito no ha establecido los equipos de salud esenciales necesarios para una campaña de vacunación masiva".

La vacunación es crucial para la prevención de enfermedades. "Quienes fueron vacunados de niños están protegidos. Los adultos mayores no vacunados son los más vulnerables", explicó. El Gobierno está avanzando en una campaña nacional en la que participarán 18.000 escuelas rurales. Sin embargo, Petro expresó su decepción porque «la Federación de Cafeteros no ha asistido a los PMU, a pesar de que es un área crítica», e instó a las cooperativas y a las acciones comunitarias a involucrarse.

Para terminar, hizo hincapié en la necesidad de equipar los hospitales. "Sólo dos tienen la tecnología para tratar la fiebre amarilla. Si vacunamos rápidamente, el número de víctimas será mínimo", concluyó.

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Esta no es la primera vez que el presidente Petro habla de la emergencia económica, en 2024 hizo oficial la declaratoria para atender los problemas de La Guajira, evento que entre otras cosas derivó en el escándalo de la compra de carro tanques que terminó estallando un presunto caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, Ungrd, y le costó el cargo al entonces director Olmedo López, y su subdirector, Sneyder Pinilla.

La motivación principal de dicha declaración de emergencia fue la llegada del Fenómeno del Niño, y que se necesitaban recursos para atender a las comunidades indígenas de este departamento. El Presidente anunció cambios en salud, agricultura, agua, energía, agua y educación. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó varios decretos de la declaratoria de emergencia económica y social por considerar que este no era el medio para realizar estas medidas.

La última vez que se utilizó esta figura en el país fue con el Decreto 417 de 2020, el cual tenía el fin de mitigar la contingencia sanitaria del covid-19. Además, con los decretos 417 y 637 se facilitó la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias, que canalizó recursos por $40,5 billones destinados a amortiguar la crisis.

No obstante, el mandatario nacional ya había intentado declarar la emergencia económica a principios de año, por la ola de violencia en el Catatumbo, por los conflictos entre las disidencias de las Farc y el ELN.

Cabe destacar que la declaratoria se da días después que el mismo Petro anunciara la suspensión de los diálogos de paz entre el Ejercito de Liberación Nacional y las disidencias. En su momento, el jefe de Estado dijo que lo que ocurre en el nororiente del país son "crímenes de guerra".

Con la de La Guajira, fue la séptima vez, que en los últimos 30 años se declaró este estado, no obstante, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos fueron tres veces que declaró la emergencia económica. Estas fueron en 2010, 2015 y 2017.

Los decretos formulados durante este tiempo fueron utilizados para atender a los damnificados por las lluvias, la crisis migratoria venezolana y el desastre natural de Mocoa.

Antes de Santos, no se declararon más emergencias económicas en los que va del siglo. Solo hasta el Gobierno de Andrés Pastrana, en 1998 se declaró el estado de emergencia económica y social por la crisis financiera de la época, por cuenta del colapso del Upac.

Un año antes, 1997, Ernesto Samper Pizano también decretó el estado de Emergencia Económica y Social por un grave deterioro en las finanzas públicas. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó aquel decreto al declararlo inexequible por improcedente.

¿Cómo se justifican las emergencias económicas legalmente?

En el artículo 215 de la Constitución Política se establece que el Presidente, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de emergencia por periodos de hasta treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder noventa días en el año calendario.

Con esto se da la facultad de dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. “Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes”, detalla la Constitución.

En el caso de la conmoción interior, como actualmente está establecida en la región del Catatumbo, tiene una duración de 90 días, pero puede ser prorrogado dos veces, en primera instancia por decisión propia del ejecutivo, y en su segunda extensión tendrá que contar con el aval del Congreso.

Las declaratorias de emergencia económica, por lo general, son un mecanismo para echarle mano a recursos para atender distintas necesidades prioritarias, o darle flujo de caja al Gobierno para sanear situaciones o deficiencias, en este caso, para supuestamente hacerle frente al brote de fiebre amarilla.