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El plan de austeridad que prepara el Gobierno para 2025 no alcanza ni a 1% del PIB
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El Ministerio de Hacienda se apega a cumplir lo estricto de la norma, mientras cada vez más voces se suman a los pedidos para evaluar el presupuesto general, según los ingresos reales
Hace unas semanas, el Ministerio de Hacienda radicó el Presupuesto General de la Nación para 2025, el cual tiene recursos comprometidos por $523 billones. De ese total, $12 billones aún no están asegurados, ya que se recaudarán mediante una nueva reforma tributaria.
Desde ese anuncio a la fecha, varios analistas alertaron que el Gobierno estaría realizando “cuentas alegres”, como en 2024. Señalan que algunos recursos de la próxima vigencia podrían no lograrse, por lo cual pidieron realizar ajustes de gasto.
Frente a esto, el grupo de investigaciones económicas de Banco de Bogotá, había señalado en un informe que habría una desfinanciación de $40 billones, si el Congreso no da el visto bueno a adelantar el mecanismo de la regla fiscal o no se da la aprobación de reforma fiscal.
Ahora bien, vale la pena señalar que en el Presupuesto General de la Nación para 2025 el Gobierno Nacional contempla un plan de austeridad, que permitiría sanear levemente las cuentas fiscales.
“El plan de austeridad del gasto del PGN 2025 busca impulsar una gestión pública eficiente y trasparente dirigida a acotar el crecimiento del gasto operacional sin afectar la capacidad institucional de las entidades del PGN para cumplir sus funciones”, escribió el Ministerio de Hacienda en el texto.
De esta forma, el plan de austeridad se basa en lo estipulado por la Ley 2155 de 2021, que obliga al Gobierno Nacional a obtener durante el periodo 2022-2032 un ahorro promedio anual de $1,9 billones a precios constantes de 2022.
“Dadas las restricciones presupuestales que tiene el país, hay que incrementar los recursos de pago de deuda. La ley de financiamiento se está terminando de elaborar”.
De esta manera, según los cálculos que presenta Hacienda, para 2025 el ahorro fiscal proyectado sería de 0,12% del PIB, por lo cual, en precios constantes de 2022, sería un aproximado de $1,1 billones.
Estos recursos están cercanos a lo que fueron los $1,2 billones que se asignaron para el Congreso de la República para la actual vigencia de 2024.
De esta forma, para 2025 y, con base en el Decreto 199 de 2024, de austeridad por parte del Gobierno Petro, las entidades que conforman el PGN para el próximo año deben formular y ejecutar un plan propio de austeridad, con reducción de las transferencias corrientes que no puede ser inferior a 5%.
La norma de austeridad también le obliga a las entidades a “priorizar la virtualidad en las reuniones de los funcionarios; así como limitar la compra de vehículos oficiales, únicamente cuando estos tengan más de seis años de antigüedad y su necesidad esté justificada”.
Además, la propuesta también sugiere que, para la vigencia del próximo año, el plan interno de austeridad de cada entidad debe incluir una meta cuantitativa y garantía de su cumplimiento; evitar duplicidades de registros y mejora en prácticas interinstitucionales.
Al margen de la presentación del presupuesto general para el próximo año, una serie de voces se han pronunciado advirtiendo al Gobierno sobre los riesgos de un presupuesto, a su juicio, desfinanciado, toda vez que no hay celeridad sobre algunas de las fuentes de ingreso.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, aseguró que es necesario ajustar el presupuesto a la baja para seguir esa senda de buen manejo macroeconómico que ha demostrado el ministro Ricardo Bonilla. El rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, también coincidió en que la propuesta “debe afinarse”, pensando en los ingresos.
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