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Mientras el Gobierno define cuál será la propuesta que discutirán las comisiones económicas, la oposición advierte que el proyecto impacta el tejido empresarial
Las comisiones económicas del Congreso siguen conciliando para presentar una ponencia de la ley de financiamiento del Gobierno. El problema ha sido que varios parlamentarios consideran que no es momento de debatir una nueva reforma tributaria, a pesar que el Ministerio de Hacienda afirmó que el proyecto es esencial para financiar el Presupuesto de 2025.
El tejemaneje de la discusión ha hecho que a menos de dos semanas para que se terminen las sesiones legislativas, los congresistas oficialistas no tienen lista la ponencia para discutirla, en cambio, la oposición sí radicó su proyecto, que recoge las alertas de diversos sectores y actores empresariales, que entre otras, advierten que la reforma tributaria frenaría el proceso de reactivación económica.
Uno de los ponentes de esa ponencia negativa fue el senador Miguel Uribe, quien aseguró que los nuevos impuestos que contempla la ley de financiamiento afectará a las familias de menores ingresos, y a las pequeñas empresas.
“Es absolutamente inconveniente, en medio de una crisis económica donde la economía está desacelerada, crear nuevos impuestos que profundizan la incertidumbre y la baja competitividad en materia tributaria”, agregó el senador.
La ponencia recoge las recomendaciones que han hecho varios analistas y sectores económicos, como Fedesarrollo, que advirtió como la situación fiscal actual está en riesgo de déficit, y discutir la ley de financiamiento pondría en riesgo a los sectores productivos, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal es muy baja.
El otro punto sensible, y que aborda la ponencia, es que la reforma propone aumentar el endeudamiento, llegando a niveles máximos, lo que dejaría al Estado sin margen de maniobra fiscal.
Lo anterior lo advirtió el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, el cual señala que 60% del pago de deuda se destinará a amortización de intereses y si se incrementara el nivel de endeudamiento, por lo que la proporción será aún más alta.
El análisis concluye que un mayor pago de intereses reduciría los recursos disponibles para financiar otros gastos esenciales.
Pero no solo la academia o analistas económicos se pronunciaron negativamente ante el proyecto, dentro de los conceptos que emitió la ponencia, se destaca el del Consejo Gremial, que le advierte al Gobierno que los ingresos nacionales no crecen al ritmo de los gastos, por lo que el déficit para 2025 se incrementaría, alcanzando $84 billones.
A eso se suma la incertidumbre que generaría esa reforma para el cumplimiento fiscal, lo que impactaría directamente con la inversión, y por ende, impacta el crecimiento económico.
“Finalmente, es inconveniente aprobar una reforma como esta en medio del escándalo de corrupción que hoy nuevamente salpica al ministro Ricardo Bonilla, que debe de renunciar de manera inmediata para no afectar su investigación y al mismo tiempo la economía colombiana”, concluyó el senador Uribe.
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