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Gestión de recursos, entrada en vigencia de la ley, pilar solidario y umbral son algunos puntos del debate de la reforma en Cámara
El 20 de junio es el plazo máximo que tiene el Gobierno Nacional y los miembros del legislativo para que se apruebe la reforma pensional en la Cámara de Representantes.
Por esa razón, los miembros del Congreso, que defienden la propuesta del Ejecutivo, están trabajando a contrarreloj para avanzar con el trámite legislativo y así, aprobar la reforma. Pero hay varios puntos a los que no se ha podido llegar a consenso; y en adición a lo anterior, el Gobierno desea ir más lejos añadiendo un enfoque poblacional en la reforma.
El Gobierno y la bancada Liberal llegaron a un acuerdo para destrabar el trámite en el Senado. El Ejecutivo aceptó bajar el umbral de cotización de tres a 2,3 salarios mínimos.
Pero posteriormente, en alocución presidencial, Gustavo Petro, dijo que iba a proponer a la Cámara de Representantes volver a subir el umbral, pero ya no a tres, sino a cuatro salarios mínimos. Pero los ponentes de la pensional han venido señalando que no se puede incluir la discusión del aumento en el umbral, debido al limitado tiempo con el que cuentan.
“Subirlo a cuatro es generar un debate que puede complicar el trámite en tan poco tiempo”, dijo la representante Martha Alfonso, representante de Alianza Verde, quien además es la coordinadora de la ponencia antes de los debates en Cámara.
Por su parte, el representante por el Partido de la U, Víctor Salcedo, le aseguró a LR que el umbral aprobado en el Senado de 2,3 salarios mínimos “es muy alto pensando en la sostenibilidad fiscal del sistema”. Según afirmó el congresista, hay puntos en debate, tales como: el establecimiento del monto de las comisiones que tendrán las administradoras de los recursos; la entrada en vigencia de la ley; el aval fiscal; y el umbral, el cual según él debe ser de 1,5 salarios mínimos.
En contraste, el representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico aseguró que “El Ministerio del Trabajo manifestó su disposición en sostener el acuerdo; he insistido junto a otros congresistas en aumentar el umbral. Sin embargo, Salcedo concluye que “la pelota está en la cancha del Gobierno”.
Además, la reforma también propende a que los campesinos, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom puedan pensionarse más rápido, lo que implicaría un nuevo aval fiscal del Gobierno.
“El Ministerio de Hacienda sabe que ese artículo va con proposición de eliminación. El Gobierno lo va a retirar”, dijo a LR el representante, Víctor Salcedo.
Y agregó: “insistiremos en que el Ministerio de Hacienda debe presentarnos el aval fiscal y sustentarlo en la Comisión; también creemos que la vigencia debe ser desde 2026 para que el periodo de transición sea sin traumatismos y que Colpensiones esté preparado”.
Por su parte, el representante Mondragón, afirmó: “hay grandes coincidencias con 90% del articulado aprobado en Senado, como la disminución del número de semanas de cotización como requisito para la pensión en las mujeres y la eliminación de subsidios para altas pensiones”.
Sin embargo, Salcedo considera que aún faltan por discutirse varios puntos, entre ellos el impacto fiscal; “en cuanto a ese punto, lo he solicitado para adelantar el debate en la Comisión”.Pero otras voces, como la de la representante Alfonso, mencionan que lo se pretende es “cumplir con la fecha establecida de la Comisión Séptima que es hoy 17 de mayo. Además, hay acuerdos en temas relacionados con la vigencia de la ley, distribución de cotizaciones y otros temas de redacción de los artículos.
Asofondos, el gremio que reúne a los fondos del régimen privado, asegura que ha estado de acuerdo con la necesidad de que haya una reforma, principalmente, porque el actual sistema sigue con una cobertura muy baja, pues solo uno de cada tres trabajadores cotiza y solo uno de cada cuatro se jubila.
Además, asegura Asofondos, el régimen de Colpensiones es financieramente insostenible y el sistema debe ajustarse para enfrentar el envejecimiento de la población, que hará que haya menos cotizantes activos por cada adulto mayor.
Si bien ha destacado la unificación del sistema, la eliminación de los subsidios a las pensiones altas y la ampliación y formalización del Pilar Solidario, que permitirá mejorar el subsidio de Colombia Mayor, considera que el sistema que resultaría de la reforma no es sostenible en el tiempo.
Una de las razones, es que no tiene en cuenta la marcada transición demográfica del país y traslada la mayoría de los afiliados al régimen de reparto, que considera insostenible.
Adriana Ríos, VP de Soluciones Financieras en HeinsohnEs, dice que “es clave robustecer el manejo de información de cotizantes, alguna tiene más de 40 años, y contar con una mejor trazabilidad que permita tener la historia laboral y de aportes completa. Esto será imperativo para minimizar posibles traumatismos de cara a los trámites. Desde nuestra experiencia administrando información de cerca del 50% de los afiliados a pensiones, creemos que se avanza, pero se debe seguir desarrollando un soporte tecnológico robusto”.
5,7 millones de personas están en el sistema de reparto y 5,6 millones en ahorro individual, según la superfinanciera.
Al comparar enero a septiembre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023, se observa una variación positiva de 7% en las exportaciones lo que significan un incremento de 4,4 millones de toneladas
Jairo Orlando Villabona, director general de la Dian, se refirió en una carta abierta sobre el hundimiento de la Ley de Financiamiento
La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación sobre el estado de la salud pública y la sostenibilidad de las EPS