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Uno de los reparos de las EPS tiene que ver con cómo se está calculando la unidad de pago por capitación para prestar el servicio de salud
Ayer el Gobierno Nacional tuvo una reunión con representantes de las EPS para tratar la problemática de financiación. Se acordó la realización de dos mesas técnicas para hablar sobre las cifras por servicios de altos costo y la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, UPC.
Hay que resaltar que Gobierno y EPS tienen dos perspectivas distantes sobre la realidad del sector. Según argumentó el presidente Gustavo Petro, “se elevó el valor de UPC. Este aumento fue de 16,2% anual, muy por encima de la inflación anual, que está en 11% y sigue bajando”.
Pero por el contrario, en una carta que enviaron Sura, Sanitas y Compensar al MinSalud se sostiene que “el valor de la UPC es insuficiente para atender el plan en beneficios de salud. Para hacerlo, ha debido tener un ajuste adicional de 5,7%”.
De hecho, entidades como Acemi ya preveían un problema en financiamiento desde junio de este año. El gremio señaló que para 2022, por cada $100 que recibieron las EPS, se tuvieron que pagar $102 en costos asociados a la prestación de servicios de salud. La Asociación estima que el déficit por concepto de UPC en los últimos 12 años asciende a $15,8 billones.
“El principal reparo de las EPS es sobre el cálculo de la UPC. Esto lo argumentan por varias razones, entre ellas, demográficas. La población hoy llega a tener mayor longevidad, lo que aumenta los costos”.
“Nunca antes un gobierno había destinado tantos recursos para la salud. Cuando uno oye que se mueren niños en La Guajira, uno se pregunta qué se está haciendo con los recursos de las EPS”.
Para poner en contexto cuáles son los reparos de las EPS sobre el valor de la UPC, Julio César Iglesias, analista financiero, explicó que “la UPC es la prima que le paga el Estado a las EPS para que puedan garantizar el plan en beneficios de salud (PBS).
Las EPS consideran que está mal calculada por varias razones. Señalan que para su cálculo se debe tener en cuenta, por ejemplo, que hoy la población tiene mayor longevidad. También aseguran que en el cálculo se debe tener en cuenta la llegada de nuevas tecnologías en salud, las cuales implican mayores costos”.
Otro punto que les preocupa a las EPS es la redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables.
Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad, “las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”. El experto agregó que “algunas EPS tienen poblaciones epidemiológicamente distintas, es decir, atraen pacientes de altos costo, que imponen una carga financiera extra”. Se debe tener en cuenta deudas y presupuestos máximos, con los que se atienden enfermedades fuera del plan en salud.
Los giros de la Adres a las EPS
Otro de los puntos de debate que alegan las EPS es la deuda que tendría la Adres. Sin embargo, la entidad señaló que entre enero y junio ha reconocido para el aseguramiento de los afiliados $36,86 billones. Durante ese mismo periodo en 2022, se reconocieron por concepto de UPC $31,33 billones, de los cuales, afirman, la Adres habría girado $17,16 billones para el régimen contributivo y un total de $14,17 billones para el régimen subsidiado.
Sura, Sanitas y Compensar advierten riesgos de funcionamiento
El pasado 27 de julio estas tres EPS firmaron una carta dirigida al MinSalud en la que exponen la situación actual en términos de financiamiento. Advierten que, dado los sobrecostos en el sector, difícilmente podrían continuar la operación después de septiembre de este año. De acuerdo con la carta, Sura, Sanitas y Compensar no cumplirían con los indicadores financieros al finalizar el año en curso. Cabe resaltar que las entidades mencionadas prestan el servicio en salud a 13 millones de afiliados, y en conjunto tienen cerca de 34.000 empleados.
El pasado 15 de noviembre fue entregado el concepto favorable por parte del IDU. La ANI debe radicar el proyecto a la Anla
La medida aplicará tanto a quienes tienen deudas como a aquellos que cuentan con una facilidad de pago y no han cumplido
Miguel Silva explicó que este proyecto es de competencia del Gobierno Nacional y que la ANI tiene la responsabilidad principal sobre su ejecución
