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La petrolera estudiará con base en las políticas del nuevo Gobierno la continuidad de los proyectos que tiene en Puerto Wilches
Un mes después de que se radicara el proyecto del Gobierno que busca la prohibición del fracking en Colombia, Ecopetrol le pidió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suspender por 90 días los contratos de Cepi Kalé y Platero.
Estos proyectos, vale la pena destacar, estaban siendo adelantados en Yacimientos No Convencionales (YNC) bajo técnicas extractivas entre las que se incluye el fracking.
Ecopetrol empezó con estos proyectos en 2021, cuando tramitó los permisos y licencias necesarias para ejecutar los dos pilotos ya nombrados en Puerto Wilches. Una vez aprobadas y con vía libre para empezar con estos, el Gobierno de Iván Duque estimaba un aumento en las exportaciones de US$17.000 millones gracias a la implementación de esta técnica.
Lo que se dejaría de recibir
Según estudios del Gobierno Duque, la exploración y producción de YNC a través de esta técnica sería una garantía para que el país alcance una estabilidad macroeconómica a mediano y largo plazo.
Esta tecnología, afirmaron en su momento, le dejaría a las arcas públicas cerca de $324 billones en 30 años, un escenario que, según las cuentas del ministerio de Hacienda, equivale a 30% del PIB.
Adicional a los pilotos, actualmente en el país hay siete contratos vigentes para la exploración y explotación de gas natural y petróleo en este tipo de yacimientos. Solo en inversiones se podría ya no contar con cerca de US$500 millones, algo más de $2,06 billones.
Sin embargo, el número se reduce a tres (estas son la multinacional Drummond Energy, la canadiense Parex Resources y la estadounidense ConocoPhillips Colombia Ventures; todas con filial en Colombia) cuando se trata de las empresas que poseen dichos contratos y quienes ya cuentan con derechos adquiridos al respecto.
¿Problemas legales?
Para Juan Casallas, abogado de Holland & Knight, podrían existir diferentes causales para la solución de los contratos ya existentes respecto a la utilización del fracking. “Según la ministra, estos contactos cuentan con la opción de terminación prevista, razón por la cual al Estado no le tocaría asumir ningún tipo de multa o indemnización”.
Otro camino, agregó, podría resultar en una ‘lluvia’ de demandas aludiendo a una posible inconstitucionalidad en el proyecto de ley. “Esto se podría dar ya que las empresas estarán buscando indemnizaciones y fallos a favor”.
Sin embargo, Casallas afirmó que lo más probable, a pesar de la poca oposición en el legislativo, es que estas empresas que ya cuentan con contratos intenten participar y “hacer ver su posición en los debates con el fin de que no se afecten los derechos adquiridos”.
Lucas Arboleda, director en el área de derecho energético de la firma DLA Piper Martínez Beltrán, en cambio, opinó que la intención del proyecto de ley sí es ordenar al Gobierno Nacional “que expida los términos y condiciones en los que se deberán terminar los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.
No obstante, existe un espacio en esta reglamentación para que tal conclusión de los contratos sea a través de un mecanismo diferente a la terminación de estos. Así se pone pausa a las inversiones ya ejecutadas y las de intención en llegar.
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