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Minagricultura pretende establecer un precio mínimo de compra
La mayor oferta del grano y la entrada de importaciones procedentes de Estados Unidos y Ecuador han afectado durante los últimos meses a los arroceros para los que el Gobierno alista como parte de un compromiso adquirido con Dignidades Arroceras una norma que fijaría un precio mínimo resultado del promedio de los últimos 36 meses. Este sería el valor que empezaría a pagar la industria al productor una vez entre en vigencia la resolución, que actualmente se encuentra colgada para comentarios en la página web del Ministerio de Agricultura.
Los industriales, liderados por Induarroz, indican que esta medida aumentaría lo que pagan los consumidores, debido a que el precio para los productores incrementaría en un promedio de 18% en lo que resta del año. Los agricultores, agremiados por Fedearroz, creen que con la medida las alzas en el precio del grano que pagan los colombianos estarían por el orden de 3% y que debe darse una aprobación por parte de los industriales, quienes compran la mayor parte de la cosecha.
“Se avecina alza de 18% en precio del arroz. Una medida sobre fijación arbitraria introduce una distorsión en el mercado local”.
“Una medida sobre fijación arbitraria de precios como esta introduce una distorsión en el mercado. Al establecer un precio artificial, el consumidor asumirá un injusto costo pues aumenta el precio de compra al productor en un promedio de 18% en el segundo semestre; el cual se trasladará al consumidor, lo cual va en contravía de la política del Gobierno y que busca bajar la inflación. No puede haber ruedas sueltas en temas como el arroz, que junto con la carne pesan mucho en la canasta de las familias”, aseguró, Silverio Gómez, director de la cámara Induarroz de la Andi.
En ese sentido, Gómez indica que este alza se reflejaría de la siguiente manera: Zona Centro (16,8%), Zona Llano (22,7%), Bajo Cauca (6,8%), Costa Norte (20,1%) y Santanderes (23,2%), esto es, en promedio 17,92%.
Por su parte, el presidente de Fedearroz, Rafael Hernández, es más cauto a la hora de calcular cómo impactaría el precio mínimo de compra a los productores. “Nunca un incremento del precio a los productores puede aumentar 18% al consumidor, ni siquiera por el efecto de una resolución, más cuando hoy día vendemos el arroz al mismo precio de 2004. Si acaso, el incremento no superaría un alza de 3%”, aseguró Hernández, quien también abogó por la necesidad de que el mercado pueda actuar.
Sea cual fuere dicho impacto en los consumidores con esta resolución, la realidad es que no habría un solo precio mínimo establecido en el mercado. De hecho, de acuerdo con un ejercicio realizado previamente por LR, si se toma como referencia el promedio de arroz paddy por tonelada de los últimos tres años, para el total nacional, el precio para 2018 sería de $1,1 millones, si se estableciera la base en este momento.
Por lo general, el precio de los productos agropecuarios como el arroz se fija de acuerdo con la oferta y la demanda por lo que la metodología de esta resolución que toma el precio promediado de los últimos 36 meses sería algo anómalo dentro de la industria local.
“Es irracional y equivocado tomar ese rango por las características. No es lógico que se tome como base para fijar el precio años de altos precios, alegando proteger a los productores pero a la vez golpeando a los consumidores”, aseguró el representante de Induarroz, quien destacó que realmente el país debe centrarse en bajar el área cultivada de arroz que alcanzó cifras récord el año pasado y hacer un esfuerzo en la reducción de costos del grano y mejorar la productividad del cultivo, que está por debajo de países como Perú, Uruguay o EE.UU.
Grano concentra 8% del área agrícola
Actualmente, el arroz concentra 8% del área agrícola nacional y es el segundo cultivo de ciclo corto en importancia después del maíz. Además, genera alrededor de 420.000 jornales, que representan unos 85.000 empleos. A finales de julio, comienza a recolectarse la parte más importante de la cosecha de arroz, procedente de la región del Meta y Casanare, cuyas siembras ascienden a unas 189.000 hectáreas, de acuerdo con el censo del Dane para esta región. Sin embargo, la cifra está por debajo en 57.000 hectáreas a la registrada en 2017, que alcanzó una cifra sin precedentes.
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