La proyección de empresarios para mínimo apunta que estará entre 13% y 20%

La discusión sobre el alza del salario mínimo empezó inusualmente temprano este año, por cuenta de la inflación. Sin embargo, ya el Gobierno la puso sobre la mesa, anunciando incluso la posibilidad de controlar los precios.

Puntualmente, fue la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien abrió el debate, señalando que no se descarta “una congelación de la canasta básica, porque el incremento del salario es de 10% y cuando los productos básicos del hogar aumentan 12 %, esto genera que el valor adquisitivo quede superior por los costos”.

Esto, en palabras simples, implica una intervención en el valor de mercado de algunos bienes y servicios para maximizar los ingresos de los trabajadores y evitar que el incremento que se decrete se neutralice por cuenta de la inflación.

“La orientación de la medida está ligada al fortalecimiento de la demanda agregada, el control inflacionario y la mejora en el ingreso de los trabajadores que puede aminorar los efectos de la anunciada recesión”, explicó Iván Jaramillo, economista del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

Aunque la ministra dijo que el tema se revisará en noviembre, con las cifras y proyecciones más actualizadas, la sola propuesta generó alarma entre los empresarios, que inmediatamente evocaron los ejemplos de Venezuela y Argentina para mostrar la inconveniencia de la medida.

“Esto llevaría a Colombia a un desabastecimiento, porque los empresarios no van a comprar productos si van a perder plata al venderlos, y estimularía el contrabando, con consecuencias nefastas para la economía”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente del Consejo Gremial.

Eso va en línea con lo dicho por Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, que señaló que el control de precios solamente genera mercados negros, como pasó en Colombia cuando había control cambiario.

“Si el gobierno quiere frenar la inflación debería aumentar el salario mínimo con base en la inflación esperada, que para el próximo año está alrededor de 7%, y eso resolvería en parte el problema. En cambio, si aumentan 20%, como los populistas quieren, la inflación va a seguir porque fijas las expectativas de que así sea, y ahí el fenómeno alcista no lo para nadie”, dijo.

Sin embargo, el límite de la propuesta está en que, si bien en la legislación no hay una obligación explícita de subir los salarios, se ha impuesto como costumbre la doctrina de la Corte Constitucional, que estableció que es obligatorio ajustar anualmente los valores con base en el IPC, para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Por eso, el empresario cree que el alza del mínimo estará alrededor de 15%, en línea con las proyecciones de varios comerciantes que asistieron al congreso de Fenalco, que coinciden en que el aumento no debería ser mayor a 13%, aunque esperan que, en realidad, oscile entre esa cifra o incluso 20%, tras las declaraciones de la ministra. El consenso está alrededor de 15%, dato que, en todo caso, creen que afectará de manera significativa los costos de contratación y la generación de nuevos puestos de trabajo formales.