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La delegada demostró que cuentan con estudios de asociaciones como la Andi, Acemi, Asocajas y centros de estudios económicos
Diana Ojeda, delegada para asuntos del trabajo y seguridad social de la Procuraduría General de la Nación, se pronunció frente a las declaraciones del ministro de Salud encargado, Rodolfo Salas, sobre una presunta "falta de material probatorio" que sustente la insuficiencia en el UPC (unidad de pago por capitación). Al respecto, Ojeda expresó que las afirmaciones desconocen todos los estudios técnicos, financieros y jurídicos de distintas áreas y que dan fe de la mencionada insuficiencia.
En su momento, Rodolfo Salas expresó que no había un riesgo financiero en el sistema de salud colombiano y que estas acusaciones carecían de un sustento técnico, financiero y jurídico. Así mismo, afirmó que estas lo único que generaban eran prejuicios ya que solo se habían basado en las cifras ofrecidas por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi.
Sin embargo, en la misiva emitida por la delegada de asuntos del trabajo y seguridad social del Ministerio Público, se evidenció el descontento frente a lo declarado y se expresó que los estudios cuentan con el rigor del análisis financiero, jurídico y técnico de distintos sectores como gremios, EPS, centros de estudios económicos, la academia y asociaciones de pacientes.
"Nuestro deber es velar por los derechos fundamentales de los colombianos. Si estos derechos se relacionan con el no pago de los presupuestos máximos de ajustes y revisiones al UPC, seguiremos (la Procuraduría) trabajando por ellos. Desde la Procuraduría no aceptamos esas respuestas desobligantes e irrespetuosas (...) nuestros estudios tienen un sustento técnico, financiero y jurídico", aseveró Diana Ojeda.
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