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En diciembre de 2014 se decretó la suspensión provisional del Decreto Distrital 364 de 2013 por el cual se "modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá", dado que según el Ministerio Público ésta se expidió con violación del artículo 54 de la Ley 270 de 1996, que hace referencia al Quórum deliberatorio y decisorio de la corporación.
Ante ello, la Viceprocuradora actuando con funciones de Procuradora general, manifestó que dicha ley que señala “Todas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección”, con lo que según ella siempre cumplieron.
Ya que precisó que la Sala de Decisión estuvo integrada por veintinueve (29 miembros), y que la integración del quórum y desarrollo de la votación se produjo con 11 votos a favor de la ponencia de magistrados; tres votos a favor de la ponencia de conjueces; 11 votos en contra de la ponencia de magistrados titulares; un magistrado ausente con excusa y tres conjueces ausentes con excusa.
Lo que en conclusión según Castañeda fueron 14 votos a favor (11 de magistrados titulares y tres conjueces); 11 votos en contra (11 de magistrados titulares) y 4 votos de magistrados ausentes (un magistrado titular y tres conjueces).
Por ello considera la Procuraduría que si se tiene en cuenta que eran 29 los magistrados integrantes de la sala de decisión, entre titulares y conjueces, se requería una mayoría absoluta correspondiente a 15 votos.
Sin embargo, lo que ha dicho la Sala Plena del Consejo de Estado es que la decisión que tomaron en 2013 obedece a que "En la primera se cuentan los sufragios y la opción que más votos, simple y llanamente obtenga, es la ganadora y se acepta generalmente en cuestiones donde se quiera obtener una rápida decisión. En la segunda, se cuentan los votos, pero se impone un umbral a superar, cual es la mitad de los votos respecto del total de ellos".
Por lo anterior, dijo la Procuraduría, “la decisión del 9 de diciembre de 2014 fue adoptada en contravención con las mayorías exigidas por el ordenamiento jurídico” por lo que ahora exigen revocar dicha decisión y someter nuevamente el asunto a decisión de la Sala.
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Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP
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