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Los gremios y expertos advierten por inestabilidad política y económica. La incertidumbre podría aumentar la pérdida de inversión
La propuesta del presidente Gustavo Petro levantó polémica en el sector político y económico. Actualmente, con laConstitución de 1991, las reglas de juego están definidas en términos de inversión y gasto público, sumado a un centro de debate máximo para el estudio y aplicación de las ideas, el Congreso. Sin embargo, también es tema de conversación la incertidumbre económica posterior al discurso.
María Claudia Lacauture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana, Amcham, señaló que la propuesta genera incertidumbre e inestabilidad, y que el Congreso es el camino para impulsar la reforma.
César Tamayo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Eafit, comentó que son varios hitos que debe superar, y en cada uno hay varias posibilidades de resultado. "En ella se ponen sobre discusión los principios más fundamentales de nuestra democracia. Esto quiere decir, los derechos y libertades, el modelo económico", dijo el decano, "y en esas condiciones, el proceso solo traería incertidumbre, inestabilidad económica y desestimularía todo tipo de inversión".
Sergio Cabrales, Ph. D en economía, apuntó que el anuncio genera incertidumbre en los inversionistas, "quienes ven aumentar el riesgo de cambios profundos que afectan directamente los proyectos en los que invierten".
Esta propuesta terminaría alejando las inversiones, o la inyección de capital se movería a proyectos que tengan mayor rentabilidad para compensar el riesgo que asumen, comentó Cabrales.
A corto plazo, los efectos económicos de una posible constituyente estaría marcada por una fuerte devaluación de la moneda e impacto en la renta fija, asegura el analista económico Jhon Torres. En cambio, a largo plazo, no se puede afirmar nada, ya que solo habría incertidumbre económica por la inestabilidad política y jurídica que produce una constituyente.
El economista y profesor de la Universidad del Rosario, Paul Rodríguez, señala que la preocupación de los inversionistas es que cambien las reglas de juego, "el problema es que eso es imposible de saber en cierto punto", dice. "La constituyente es una caja abierta. Si en efecto el proceso se vuelve real y no una cortina de humo, como una votación, podría comenzar a notarse la incertidumbre".
Rodríguez considera que, debido a las fuerzas reales en las votaciones regionales, una constituyente apoyaría más a la derecha y el centro que a la izquierda, por la pasada derrota electoral, lo que resultaría "más en favor de los inversionistas, que en estos momentos sienten riesgos en el país por el manejo general del Gobierno", agrega Rodríguez.
En cuanto a los sectores vulnerables, una posible constituyente les afectaría poco. Rodríguez dice que quienes gasten y puedan invertir serían realmente los que enfrentarían el panorama.
"En el 91 se firmó la constitución, y en esa se indicaba, en caso de salud, que se quería un sistema para todo el mundo. Y pues bien, eso se hizo a través de la ley, y luego a través de la capacidad de implementación del Gobierno", comentó Rodríguez. "Si estamos bajo el mismo Gobierno, realmente esto no cambiaría en mucho. Es más un objetivo de distracción política".
Para el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, la propuesta de la constituyente es confusa, "ignora el plan de desarrollo y los proyectos de Gobierno, opta por la grandilocuencia como reemplazo de la acción. Ya no quiere gobernar".
Hernán Vallejo, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, autor de 'Algunos efectos y retos económicos de la Constitución Colombiana de 1991', señaló en su investigación que "todas las decisiones públicas suelen tener costos de oportunidad; que las buenas intenciones no son suficientes garantías para las buenas políticas públicas".
Por ejemplo, en la constitución actual, la caída de la inflación está bajo mandato del Banco de la República, entidad independiente con autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, compuesto por siete miembros: el Ministerio de Hacienda, el gerente general y cinco codirectores.
De acuerdo con la investigación de Vallejo, "la inflación ha bajado de forma gradual desde 1991, y a partir de 2011, tiene niveles comparables con las de los países desarrollados", sin embargo, el gasto público aumentó dada la prioridad de la carta magna en los derechos sociales.
El presidente Petro aseguró que la gobernabilidad se ha visto truncada porque no le han permitido gobernar bajo los parámetros de la Constitución.
"No estoy buscando una reelección presidencial", dijo Petro. "Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026".
Su propuesta de la constituyente, el presidente aseguró que sería por la poca capacidad de concretar lo dicho por la carta magna actual, en términos de la implementación efectiva del acuerdo de paz, la garantía de las condiciones mínimas de vida digna, reforma judicial, reordenamiento territorial, atención prioritaria a la educación y diálogo en torno al fin de la violencia.
Petro comentó en X: "Hoy lo que debía ser el estado social de derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad".
Entre los puntos que resaltó para este proceso, incluyó que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción. Además, la separación de la política y la financiación privada.
Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP
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