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El Ministerio de Minas y Energía estima que el proyecto se presente en el segundo periodo de legislatura, entre julio y diciembre de 2023
Este fin de semana, se recogieron las propuestas para la Ley Minera durante la Cumbre Nacional Minera que se basan en cuatro ejes: territorios mineros; los componentes de una nueva Ley Minera; la minería con propósito, industrialización y transición energética justa; y regularización de la minería informal.
Otro punto destacado es la posibilidad de crear una empresa estatal minera. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos se indica que es apenas una idea que se está explorando, pues de esta manera el Estado participaría en el desarrollo del sector minero.
Se estima que el proyecto de Ley se presente en el segundo periodo de la legislatura de este año, es decir, entre julio y diciembre. Desde el Ministerio de Minas y Energía se indicó que las conclusiones de la Cumbre Minera serán la base para el texto del proyecto de proyecto de Ley.
Hemberth Suárez, fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector de energía, explica que que con el proyecto se estaría reformando la Ley 685 de 2001 que es el Código de Minas existentes, en el estricto sentido jurídico se modificaría la Ley 685 de 2021, pero esta no desaparecería.
El texto se construirá durante los próximo meses para que una vez esté listo, sea socializado en todo el país, con los sectores involucrados en el sector minero. En cuanto a plazo de tiempo, la información suministrada por el Ministerio indica que una vez radicado el proyecto, será el Congreso quien dé las pautas de tiempo.
En el marco de la Cumbre, se destacaron las intenciones comunes de gremios, empresas, medianos, pequeños mineros y comunidades en consensos de desarrollo con los diferentes tipos de minería.
El reconocimiento hacia la minería ancestral y artesanal es una de las claves de la nueva ley. Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, explica que en este eje la pequeña minería y el barequeo tendrán una priorización, "se contempla una protección futura y privilegio en los procesos de formalización minera", agrega.
Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, "la conclusión principal de la jornada fue que mineros ancestrales, tradicionales, de comunidades étnicas, pequeñas, medianas y grandes, coincidieron en la necesidad de que se promueva la actividad minera en el país".
Para ese objetivo común de armonización, el presidente de la ACM resalta que "se requiere que se armonice la visión de la industria por parte de los Ministerios de Minas y Ambiente", complementa Nariño, "facilitando y agilizando la expedición de todos aquellos trámites que necesita cualquier minero, para poder realizar su actividad de manera productiva, formal y tranquila, incluyendo la revisión urgente de la Ley 2 de 1959", agrega.
El enfoque territorial radica en la protección a los ecosistemas y las poblaciones, esto se acompañará con mayor certidumbre jurídica a los títulos mineros. En este eje, Montoya destaca la necesidad de modificar el sistema actual de contratación minera por otro que, según el Gobierno, tenga en cuenta las variables sociales y ambientales, así como el ordenamiento del territorio alrededor del agua.
Los expertos de OGE Legal Services recuerdan que con la Ley 1382 de 2010 ya se realizó el intentó de modificar el Código de Minas, pero tal ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional porque con esa ley 1382 de 2010 no se agotó la consulta Previa de medidas legislativas frente a las comunidades étnicas. Este es un foco al que hay que ponerle atención, mucha atención.
Otro de los puntos en común de los actores del sector, que se reunieron en la Cumbre Minera, es que la actualización del catastro minero en articulación con el catastro multipropósito.
Con esta ley, según explica Suárez, el sector tiene "una oportunidad enorme para reforzar su participación en la transición energética implementando proyectos de cero emisiones contaminantes, esta reforma puede ser un buen vehículo para que se establezcan obligaciones de implementación de proyectos con energía renovable o con bajas emisiones en los contratos de concesión".
Se tendrá en cuenta el tipo de población, el tipo de minería, la escala y el territorio para evitar que autoridades mineras adopten decisiones que propicien conflictos sociales.
OGE Legal Services destaca que los puntos principales desde una perspectiva jurídica radican en tres: nuevas causales de caducidad a los títulos mineros, se pasaría a 12 causales; que la caducidad a los títulos mineros podría ser solicitada por terceros interesados; y la creación de "Consejos de Competitividad y Sostenibilidad Minera" como "órganos consultivos y de toma de decisiones" en los Distritos Mineros Especiales.
El experto Montoya resalta que es importante conocer el detalle de las acciones concretas que plantea el Gobierno en materia de impulso a los minerales estratégicos como el cobre. "Es ideal que existan señales claras y concretas respecto a este tema que es fundamental para el país".
Por otra parte, destaca que es relevante que las propuestas que se están planteando respeten los derechos adquiridos de las empresas mineras tanto nacionales como extranjeras que ya operan en el territorio, "y que sea una reforma que garantice la estabilidad jurídica y estabilidad de todos los actores", agrega.
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