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Expertos dicen que esta medida aumentaría la desigualdad de ingresos, además de ir en contravía del objetivo de disminuir el déficit fiscal
Uno de los artículos más controversiales dentro del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2022 es el 104, que autoriza el traslado exprés de afiliados de fondos de pensiones privadas hacia Colpensiones. De acuerdo con expertos consultados por LR, esta medida incrementaría el déficit fiscal a largo plazo, lo cual va en contravía del propósito de sanear las finanzas públicas tras la pandemia.
De hecho, según cálculos de Anif, la medida tendría un costo fiscal neto de $5,2 billones de aquí a 2055. Mientras que el costo de financiar las pensiones de las 19.000 personas que se podrían beneficiar ascendería a $9,3 billones, los recursos provenientes de las cuentas individuales, más la anulación de los bonos pensionales y los aportes que esos individuos hagan antes de pensionarse solo totalizarían $4,1 billones. Con lo cual, esos $5,2 billones adicionales se tendrían que financiar vía mayor déficit fiscal.
“Esta medida incrementaría las responsabilidades financieras del Estado en gasto público, posiblemente en el endeudamiento. Sin olvidar que es una clara manifestación de que el régimen privado de los fondos de pensiones no dio los resultados de las proyecciones y el modelo económico”, afirmó Pedro Sarmiento, socio director de impuestos de Crowe Colombia.
Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, aseguró que si bien los traslados dan mayor liquidez al Régimen de Prima Media en el corto plazo, ponen mayor presión a las finanzas públicas en el futuro.
“La razón por la que le interesa al Gobierno es porque le permite financiarse ahora. Cuando uno se traslada de un fondo privado a Colpensiones, es un flujo de caja que le entra al Estado que le permite cubrir responsabilidades ahora. Pero eso tiene un costo importante, y es que en el futuro tendrá que pagar las pensiones de los compromisos adquiridos. Eso le va a costar más al Estado que si en este momento pudiera conseguir otras fuentes de financiación”, precisó Reyes.
“Al incluir este artículo, la Nación tendría que destinar $5,2 billones para el pago de estas eventuales pensiones, que recordemos que tienen un subsidio”.
“Esta medida incrementaría las responsabilidades financieras del Estado en gasto público, posiblemente en el endeudamiento".
La medida también impactaría la meta de recuperar el grado de inversión, pues, al analizar las finanzas de la Nación, las calificadoras tendrían en cuenta los recursos que se destinan al pago de pensiones, que en este momento ascienden a $64 billones.
“Lo que sin duda las calificadoras tienen en mente es el pasivo pensional. Y lo que estarán esperando, y que seguramente será un tema importante para recuperar el grado de inversión, es cuál será la reforma que en el futuro próximo haga el Gobierno, tanto en materia fiscal, como en esta materia pensional. (...) Una de las calificadoras nos mencionó que les llamaba la atención que ese mismo Congreso, que se había opuesto a generar una reforma estructural, estuviera poniendo una presión de gasto innecesaria”, anotó Carlos Felipe Prada, vicepresidente de Anif.
Además del aumento en el déficit fiscal, Anif prevé que los traslados exprés a Colpensiones aumentarán la desigualdad de ingresos, pues asegura que los afiliados que tienen mayores incentivos para trasladarse son los de mayores ingresos; especialmente aquellos con ingresos mayores a 1,6 salarios mínimos, pues tendrían un mayor subsidio y, por lo tanto, una pensión más alta en el RPM.
“Esto podría tener un impacto en la desigualdad del ingreso, porque estaríamos dándoles subsidios a las personas que, en teoría, reciben pensión y que son de ingresos más altos, en detrimento de destinar esos recursos para programas de adultos mayores que no tienen protección en la vejez y que deberían ser nuestra preocupación en este momento”, dijo Prada.
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