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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca retiró la cofinanciación al proyecto, tras acatar una orden de la Procuraduría.
Las presuntas irregularidades encontradas por la Procuraduría en el contrato suscrito entre la Alcaldía de Chía y la Empresa de Servicios Públicos de ese municipio (Emserchía), para realizar la construcción de la Ptar Chía 2, fue una de las razones por las cuales la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tomó la decisión de no aportar los US$500 millones ($1,5 billones) que se tenían previstos para el desarrollo de la Ptar Canoas, un proyecto que prevé descontaminar hasta 70% del río Bogotá y el cual iniciaría su construcción en el segundo semestre.
El anuncio de la Corporación se dio luego de que el pasado martes la Procuraduría destituyera e inhabilitara, en primera instancia, al director de la CAR, Néstor Guillermo Franco. A raíz de esta decisión, el funcionario anunció que no tomará el riesgo de firmar un nuevo contrato (Ptar Canoas), pues se tienen características similares por las que falló el ente de control.
“Mientras persista la interpretación sobre el principio de planeación que ha interpretado en primera instancia la Procuraduría, es inviable suscribir convenio alguno con Bogotá para co-financiar la construcción de la Ptar Canoas”, explicó Franco, quien aseguró que esta decisión se toma para no exponer la credibilidad de la entidad.
Pese a que la Procuraduría sostiene que para la firma de un convenio interadministrativo de cofinanciación se necesita como requisito especial que se cuenten con todos los estudios y diseños técnicos suficientes, completos y actualizados, la CAR explicó que para suscribir los convenios interadministrativos se tomaban “los diseños referenciales de de talles que se elaboraron para la gran mayoría de municipios por parte de la CAR en 2011”, con la condición de que se adelantara la etapa o fase de revisión y ajustes de diseño por parte del contratista de la obra.
Por esta razón, Franco destacó que “la CAR no firmará el convenio de cofinanciación, mientras no dilucide en segunda instancia cómo se puede firmar los convenios o si en verdad es obligatorio tener los diseños definitivos para firmar la financiación. Esto da al traste y frustra la recuperación del río de Bogotá”.
La decisión de frenar el proyecto se da semanas después de que la CAR le diera luz verde a la Ptar Canoas. En ese momento, dicha entidad estableció que esa construcción tendría una inversión de $4,5 billones, en los cuales la Alcaldía de Bogotá aportaría $2,94 billones; la CAR, $1,5 billones (US$500 millones); y la Gobernación de Cundinamarca, $61.000 millones.
Aunque aún no se tiene claro cuál es el futuro de la Ptar Canoas, en el cronograma de las obras se tenía previsto que la primera fase de la planta se entregaría en 2023. Allí se iniciaría el tratamiento de las aguas residuales con ocho metros cúbicos por segundo, pues sería hasta 2025 cuando toda la infraestructura estaría lista con una capacidad total de 16 metros cúbicos por segundo.
Para Román Bauer, director de América Natural, es preciso que se dé claridad sobre los tiempos a los que ahora se somete el proyecto. “No es la primera vez que el río Bogotá pasa por esta serie de problemas jurídicos con autoridades de control, sin embargo, las medidas son necesarias”, indicó. De acuerdo con Franco, con esta decisión “quedan suspendidos, igualmente, los convenios para las Ptars de Suesca, Villapinzón, Girardot y Sopó.
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