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Para algunos de los directivos, las hojas de ruta en sectores como vivienda, agro y salud deberían revisarse.
Las grandes disparidades regionales sumadas a la alta informalidad laboral, los elevados costos tributarios, la baja productividad o el incremento de las economías ilegales siguen siendo algunos de los obstáculos que impiden a la economía local avanzar en pro del cambio social. Por ello, las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que se presentarán este miércoles en el Congreso, serán la oportunidad del Gobierno de Iván Duque para caminar hacia un verdadero crecimiento con equidad.
Sin embargo, antes de que se inicie formalmente en el Ejecutivo el debate del denominado ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ que trazará la hoja de ruta del país para el próximo cuatrienio, algunos de los gremios más importantes han querido ya alzar su voz para pedir cambios a este documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Entre las peticiones a las que tuvo acceso LR aparecen algunas que van desde la modernización de las políticas de vivienda, las de salud o las de agro hasta propuestas concretas como la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), la mayor bancarización o una cobertura más eficaz para la protección a la vejez.
Por ejemplo, la presidente de Camacol, Sandra Forero, propone darle continuidad a los programas de subsidio para compra de vivienda, que se respeten las licencias de construcción ya otorgadas o que se revisen los topes de interés social y prioritario con el propósito de mejorar la oferta. “Incluso, solicitamos que se evalúe la política de vivienda como una de Estado que garantice dicha continuidad a lo largo de diferentes periodos de gobierno”, recalcó.
Respecto al aumento de la productividad con la que el DNP proyecta que la economía podrá volver a tener un crecimiento potencial de 4,1% en los próximos años, Rosmery Quintero, presidente de Acopi, dijo que su gremio solicitará que exista un llamado al tema de las políticas diferenciales para la micro, pequeña y mediana empresa. Además, insistió en la necesidad de actualizar la Ley Mipyme.
Frente a este mismo capítulo, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó la inclusión en las bases de temas totalmente inéditos como economía naranja, transformación digital, política social moderna. Además, también resaltó la equidad de oportunidades para grupos étnicos, el pacto por la igualdad de la mujer o los regionales, entre otros.
“La Andi ha venido haciendo aportes en este proceso. En general, celebramos la metodología participativa de este Plan (...) un primer reto es consultar a todos los actores, esto se ha venido haciendo y requiere de un gran compromiso no sólo del gobierno, sino de toda la sociedad para, en forma constructiva, aportar, sugerir, opinar y ser parte de la elaboración del mismo”, sostuvo.
En el ámbito pensional, Jorge Llano, director de estudios económicos de Asofondos, dijo que este gremio ha propuesto que se incluya una modificación para que la población que hoy en día no cumple con los requisitos de pensión pero sí tiene devoluciones de sus aportes (tanto en el Rais como en el RPM) convierta ese ahorro en una verdadera protección a la vejez a través de un ingreso vitalicio por medio de los Beps.
Por su parte, Jorge Humberto Botero, presidente del gremio asegurador Fasecolda, indicó que sus propuestas están encaminadas a aumentar la cobertura en seguros de naturaleza catastrófica y agropecuario, hacer más eficiente el sistema de recaudo en seguridad social, mejorar el aseguramiento del Estado, y fomentar la educación en economía financiera y de gestión de riesgos, entre otros.
Puntualmente, desde Fenalco también están elaborando un documento que incluye apreciaciones como la de que las iniciativas de las bases son imprecisas en relación con la bancarización, que no está sustentado el anuncio de la creación de un viceministerio de Economía Naranja en el Ministerio de Cultura o que sorprende que en el documento no se tome en cuenta el informe de la Misión Rural elaborado por expertos bajo la dirección del codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo. "Se trata de una valiosa investigación que incluye diagnóstico, soporte estadístico y recomendaciones, consignado todo ello en tres tomos", destaca el documento que está elaborando el gremio de los comerciantes.
Igualmente, el texto sostiene que el PND debería ahondar más en el grave problema que cual cuello de botella limita el desarrollo del campo colombiano, como es la carencia de extensas redes de distritos de riego. "El Plan debe establecer unas metas muy precisas en este frente, porque así como está redactado el borrador, parece un juramento a la bandera", reza el documento.
También respecto al agro, el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, añadió que esperan que el Plan ayude al campo en temas como la tecnificación o la mecanización. Además, hizo hincapié en que todos los ministerios tienen relación con el agro por lo que habría que tomar medidas.
"Queremos que haya mecanismos casi que vinculantes para que otros ministerios traten temas críticos del agro. Ya tenemos el articulado del Plan enviado al Gobierno. Pero realmente si el Presidente no pide que sea obligatorio, es difícil. ¿Cómo es posible que el ministerio de Agricultura esté haciendo vivienda rural? Al final del día es un tema de dinero pero la realidad es que esas falencias están ahí", opinó el también nuevo presidente del Consejo Gremial.
Por su parte, la Fedecafé agregó que hay que establecer el Título de Producto Rural, que es un instrumento que ayuda a los productores a financiar sus insumos, sin necesidad de pasar por el sistema financiero. "Este título es
representativo de la cosecha que va a salir y, por lo tanto, tiene un valor que sirve de contraprestación. Se podría negociar en el mercado secundario. Le da liquidez a la obtención de insumos a los agricultores", indica la asociación que promueve el cultivo del café en el país.
En el ámbito de la salud, han sido varios los que han solicitado cambios estructurales para la crisis que vive el sistema, sobre todo, en las regiones. De hecho, la Federación Nacional de Departamentos (FNP) lideró la semana pasada una cumbre en la que se hizo la petición al Gobierno de que asuma el No POS debido a que los departamentos no tienen cómo pagar la deuda.
Por su parte, en Acemi presentaron un documento al DNP con propuestas como dar una mayor claridad a la naturaleza de los ingresos que reciben las EPS o un mayor estímulo para la creación de planes voluntarios. Igualmente, la presidenta de Afidro, Yaneth Giha, dijo que se debe fortalecer la investigación clínica y que ese sistema tendría que priorizar las nuevas tecnologías.
Las metas del Plan
Entre las metas principales del Plan destacan algunas como la reducción de pobreza monetaria de 26,9% en 2017 a 21,0% en 2022 o el incremento de la productividad a 1,1 puntos porcentuales en este cuatrienio.
En total, este Plan tendrá una inversión de $1.100 billones para definir las políticas del país durante estos cuatro años. En concreto, el denominado ‘Pacto por Colombia’ buscará centrarse en las regiones, las que recibirán recursos por más de $780 billones.
Con $218 billones, la zona Centro será la zona que más recursos recibirá, seguida del Caribe donde se destinarán $171 billones.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que este manejo está respaldado por auditorías integrales realizadas por la firma Amezquita & CIA S.A.S.
Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP
Gracias al fortalecimiento del turismo como una experiencia única e integral, el país se afianza como uno de los destinos en Suramérica