Cargo por confiabilidad en Hidroituango y cómo se aplicaría por demoras

El jueves se conoció que Hidroituango, cuyo responsable es EPM, habría pedido a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) un plazo adicional para la entrega en funcionamiento de las dos primera turbinas del proyecto. Así lo afirmó William Giraldo, vicepresidente de proyectos de generación energía de EPM, quien aunque ve posible una entrada en funcionamiento antes del 30 de noviembre, como está estipulado en los contratos, cree que hace falta hacer algunas pruebas con más calma. Incluso se habla de un comienzo de la operación el 15 de noviembre en el caso más rápido.

Pero, ¿qué pasaría si este proyecto hidroeléctrico no entre a funcionar para su deadline?. Hay dos efectos desde perspectivas distintas. Una para la Creg y otra para EPM.

La que maneja la Creg, por un lado, es el temor frente a un posible desabastecimiento de energía para el mercado interno en un futuro cercano. De esta manera, según los reguladores, el país ya contaba con que el proyecto antioqueño le entregara cerca de 600 megavatios por hora desde el 30 de noviembre, y que no lo haga, afecta las cuentas que ya se tenían presupuestadas desde hace más de cinco años.

Entre tanto, para EPM -en caso de no contar con el plazo adicional pedido- no entrar a operar dicho día significaría tener que pagar cerca de $850.000 millones por el concepto de incumplimiento con la entrega de la energía.

La millonaria cifra, en otras palabras, se puede expresar como el incumplimiento al cargo de confiabilidad. Esta figura se utiliza en el mercado de energía eléctrica y es un esquema de remuneración para asegurar que el sistema eléctrico siempre que cuente con la capacidad suficiente para atender la demanda futura de energía.
En ese sentido, esta figura se viene asemejando a una especie de ‘seguro’ que paga la demanda de energía en el país para evitar el riesgo de que se llegue a un racionamiento cuando se presenten contingencias que puedan afectar su generación.

Por ejemplo cuando se presenta el denominado fenómeno del Niño, durante el cual bajan los niveles de los embalses de las plantas y se puede presentar escasez de energía.

¿Cómo se asigna este cargo?
Esta ‘responsabilidad’, por llamarlo de algún modo, se asigna a través de subastas (las mismas de energía) que buscan entregar, a través de un proceso competitivo y abierto, la energía que anualmente se requiere para abastecer la demanda futura.

Mediante dichas subastas se define el precio al cual se va a remunerar a las generadoras, pero también las cantidades de energía firme que cada una de ellas, a través de sus proyectos de generación adjudicados se compromete a tener disponible en un cierto límite de tiempo que se pacta en contratos.

¿Quiénes participan?
En las subastas, que son en las que se hace la asignación, pueden participar los desarrolladores y/o agentes que piensan construir nuevas plantas de generación, así como los que ya cuentan con plantas de generación en operación.

La participación es totalmente voluntaria, y se hace por cuenta y riesgo del respectivo desarrollador de proyecto o generador, tal como se establece en la legislación colombiana.

Compromiso de los generadores
Si son plantas de generación en operación o existentes, se obligan por el año pactado a mantener disponibles los equipos de generación y contar con el insumo necesario (combustible, agua, entre otros) para generar, de tal forma que puedan operar cuando el sistema los requiera, y así entregar la cantidad de energía comprometida.

Las plantas de generación nuevas quedan obligadas durante un período de hasta 20 años y para el efecto, deben construir el proyecto con las características declaradas, e iniciar la operación y producción de energía en la fecha del inicio del período para el cual se comprometieron.

¿Qué pasa ante un atraso?
Tal como ocurrió con Hidroituango por diferentes motivos además de la contingencia, cuando un proyecto de generación se atrasa, pero prevé que entrará en operación en menos de un año, la regulación le permite al desarrollador hacer uso de algunas alternativas de respaldo temporal para cubrir la energía firme comprometida, en tanto se termina de construir el proyecto.

Sin embargo, el proyecto que se adelanta en Antioquia ya cumplió con este año de espera. “Este plazo no lo tuvimos si en contraste vemos otros problemas que se nos presentaron después de la contingencia. Por el covid perdimos seis meses, la crisis de los contenedores también nos representaron demoras y los paros en el país nos bloquearon varias carreteras”, dijo Giraldo.

Las consecuencias de incumplir
Cuando una planta de generación nueva incumple con las obligaciones de puesta en operación del proyecto, con las condiciones y en la fecha a la que se comprometió voluntariamente se genera un riesgo de desabastecimiento ante una condición crítica del sistema.

En este caso, las autoridades del sector deben recurrir a diferentes medidas remediales para mitigar dicho riesgo, pero eventualmente puede existir la necesidad de limitar el suministro de energía en un caso extremo.
Para evitar tal situación y/o compensar a la demanda eléctrica, en el caso en que un proyecto de generación nuevo tenga un retraso constructivo mayor a 365 días, podría tener que asumir estas consecuencias: ejecución de la garantía (una multa) de construcción, la pérdida de las Obligaciones de Energía Firme asignadas y, por ende, del derecho a recibir la remuneración del servicio de confiabilidad. Con base en esto, todo será claro una vez lleguen las fechas límites del proyecto.