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Expertos explican si modificación del decreto del presupuesto 2024 puede ser demandado
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La modificación del decreto sobre el presupuesto General de 2024 podría generar un “alivio jurídico”, pero generaría desconfianza al país
Luego de varios días de una coyuntura por el lío presupuestal que se generó ante la falta de especificación de partidas para dar continuidad a la construcción de proyectos en el sector de infraestructura, entre los cuales hay 57 que, de acuerdo con la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, que estaban en vilo, el Gobierno emitió un nuevo decreto detallando a dónde iban a destinar $13 billones de $502 billones aprobados por el Congreso de la República.
En principio se hablaba que habían emitido un decreto de yerro, pero recientemente, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla lo negó y aseguró que se trata de una liquidación que modifica el Presupuesto General de la Nación 2024.
En medio de las confusiones que esto puede generar, el director de MQA Abogados, Diego Márquez Arango, aclaró que el decreto de yerro sirve para hacer modificación ante errores de tipeo, o inclusive omisiones que sí hayan sido discutidas y aprobadas por el Congreso, pero que por alguna razón fueron excluidas.
En cuanto a la distinción que hizo el ministro de Hacienda consideró que en teoría era lo que el Gobierno debía hacer porque las partidas fueron aprobadas con anterioridad por el Congreso.
Por su parte, el abogado Mauricio Piñeros aclaró que en efecto no se trata de un decreto de yerro porque no fue para corregir sino para agregar lo que ya había sido aprobado. “En el sentido de discriminar recursos de inversión por $13 billones para obras de infraestructura, que en el Decreto inicial (2295 de 2023) estaban en partida global y sin destinación específica”.
Para Márquez Arango lo que ocurrió con estas partidas era algo que no debía suceder y aunque concluye en que con este decreto debe superarse la coyuntura, percibe algo mucho más complejo y es la desconfianza que puede generar. “Desde lo jurídico puede ser un alivio, pero desde lo reputacional genera preocupaciones y desconfianza, que es algo indeseable”, alegó.
“El decreto se podía demandar, pero quien lo haga debe tener evidencias bien sustentadas que lo respalden. La decisión es del Consejo de Estado”.
Arango detalló que las razones por las que se pueda refutar el decreto son si hay algún vicio legal o constitucional. “Tendría dificultades legales el decreto si incluye cosas que el Congreso no haya aprobado”.
El Profesor titular de Hacienda pública y tributación de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho Moreno aclaró que realizar una demanda es un derecho de todo ciudadano si no está de acuerdo y tiene las evidencias suficientes que respalden su accionar.
“Es posible, pero queda sujeto a la admisión o no, al ser un acto administrativo le compete es al Consejo de Estado, por tratarse de un decreto de liquidación presupuestal acogida al estatuto orgánico del presupuesto que es reglamentaria de la Constitución, también se podría hacer ante la corporación, pero se reservaran la admisión o no”.
Insistió que debe ser una demanda bien sustentada.
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