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Mientras el Consejo de Estado suspende el decreto, la intención de Quintero se mantiene y el Superintendente de Servicios dice que la decisión se apelará
En la mañana del viernes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que la decisión del Consejo de Estado de suspender el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, en el que el presidente, Gustavo Petro, asumió las funciones generales de las comisiones regulatorias de servicios públicos, de la CRA y la Creg, no detendrá las intenciones que tiene de congelar las tarifas de servicios de EPM.
“El costo de vida está muy alto para la gente y los servicios públicos pueden ser un gran aporte. Los gremios y empresarios se nos han venido encima pero hay que entender lo que está viviendo la gente en las casas: la dificultad para poder pagar los servicios”, dijo.
“Esta misma solicitud la vamos a enviar a la Creg, de modo que sea esta entidad quien la estudie y esperamos que nos den la autorización para implementar la medida”.
“En ninguna parte dice que el Presidente vaya a asumir la regulación de las tarifas. La Constitución le permite al Presidente trazar las políticas de los servicios”.
Además, indicó que la solicitud que estaba siendo conversada con el Presidente será enviada ahora a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). “Esperamos que nos den la autorización para congelar las tarifas en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta”.
Expertos han dicho que por ahora, las tarifas quedarán sometidas ante la regulación que expidan las comisiones y no ante el Presidente, mientras se toma una decisión.
“El Presidente no puede, hasta que exista una decisión definitiva, reasumir las funciones de las comisiones para regular las tarifas”, explica Hemberth Suárez, socio fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector de energía.
En cuanto a una posibilidad de modificar el Decreto que da las facultades al Presidente, el experto Suárez dice que “esa modificación o nueva ley iría a control de constitucionalidad y es probable que también sea objeto de inconstitucionalidad por que en Colombia prevalece lo que dice la Constitución sobre lo que podría establecerse en las leyes".
Sin embargo, el superintendente de servicios, Dagoberto Quiroga, declaró a este diario que “la medida es provisional y cautelar, desde luego la apelaremos, haremos todo lo posible y presentaremos los recursos necesarios”.
Y en contraste, Quiroga recordó que “al Presidente no le pueden quitar las facultades que le da la Constitución en el Artículo 370”. En efecto, así lo dicta la Constitución: “Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”.
Referente a la intención de Quintero para continuar con el proceso, según explica Suárez, todas las empresas podrían tener diálogo con la ministra de Minas y Energía y voluntariamente podrían adoptar medidas de reducción de tarifas, pero serían a discreción de cada empresa.
EPM no ha dado declaraciones referentes a esta situación relacionada con el Consejo de Estado. No obstante, el gerente de la compañía, Jorge Carrillo, se reunió con el Alcalde y el Presidente en la noche del martes pasado y, posteriormente, se dijo que se pasaría a una siguiente etapa con el equipo técnico de la Presidencia.
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