Reajustes en retención en la fuente tienen impacto directo en empresas y empleados

El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto sobre la modificación de las tarifas de retención en la fuente, a título de impuestos sobre la renta y complementarios, esto sin excluir la posibilidad de autorretenedores que sean sujetos de retención.

Según lo manifestaron los analistas, el adelanto de los impuestos de la administración tributaria, a través del cálculo de retenciones y autorretenciones en fuentes mensuales, tiene un impacto directo en el flujo de caja tanto de las empresas como de las personas naturales.

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El economista jefe de Banco de Occidente, David Cubides, afirmó que el Gobierno estaría hablando de alrededor de $7 billones, haciendo referencia a la cifra que podría recaudarse a través del decreto. A lo que adicionó que hay sectores como la minería y el petróleo que presentan contracciones, tales como minería y petróleo, por lo cual la cifra podría ser más reducida.

A través de sus redes sociales, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, reveló que las nuevas tarifas implicarían un adelanto de impuestos para 2026 de $13,9 billones, es decir, 0,8% del PIB, adicionando que la operación generaría un hueco fiscal en 2026.

"En términos prácticos, es como si un trabajador solicitara un adelanto de su salario de 2026 para cubrir los gastos de 2025. La única salida responsable es recortar el gasto, en el caso de un hogar, ajustando su consumo, y en el caso del gobierno, reduciendo el presupuesto en $28 billones, como lo hemos advertido repetidamente desde 2024, enfatizó Mejía.

Pero el exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, expresó que la cifra que pretende recaudar el Gobierno es el doble de lo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, tenía proyectado recaudar en 2025. A lo que adicionó a que, pese a que una reforma tributaria y este recaudo son rubros completamente diferentes, el Ejecutivo sí pretende tener mayor liquidez a causa de la caída de este proyecto en diciembre de 2024.

María Alejandra Buitrago, socia en Capra Legal, señaló que desde el punto de vista de la Administración Tributaria, esta es una estrategia para asegurar un recaudo rápido y eficiente, con lo cual habría liquidez en el Ejecutivo, pero desde el punto de vista del contribuyente, esto representaría una carga significativa.

“Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, adelantar el pago de impuestos significa destinar recursos que podrían haberse invertido en sus operaciones generadoras de renta y en su expansión, esto puede significar una diferencia entre poder continuar desarrollando la actividad o mantenerse estancado por anticipar el pago de impuestos”, señaló.

Luego, destacó que “este impacto es aún mayor cuando se obliga a las empresas a liquidar el anticipo de impuesto de renta equivalente al 75% del impuesto del año gravable que se declara, el cual no siempre se materializa porque cada año la situación financiera puede ser diferente”.

En cuanto a personas naturales, la jurista señaló que esto reduciría el ingreso disponible mes a mes y afectaría la capacidad de consumo y ahorro de esta población.

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El líder de investigaciones económicas de Corficolombiana, César Pabón, explicó que en materia de finanzas públicas, la liquidez hace referencia a la capacidad del Estado para atender las obligaciones inmediatas, pero la solvencia está relacionada con la capacidad de mantener la estabilidad financiera a mediano y largo plazo.

Para él, las medidas abordan parcialmente el problema de liquidez, pero no resuelven e incluso podrían agravar el reto de la insolvencia, señalando que la anticipación de ingresos futuros podría generar un alivio temporal, pero profundizar el déficit fiscal en los próximos años y así generar desequilibrios estructurales.

A lo que añadió que, para el sector empresarial, la exigencia en el adelantar sus compromisos tributarios se suma a un entorno de financiamiento que ya es complejo.

“Esta carga adicional podría reducir el ingreso disponible durante 2025, afectando negativamente el dinamismo económico. A ello se suma la elevada incertidumbre global, que impone retos adicionales para muchas empresas, especialmente aquellas pertenecientes a sectores con alta exposición externa, como el agropecuario y el minero-energético”, agregó Pabón.

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“El beneficio es en materia de recaudo para el Estado, porque recibiría mayores anticipos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, esto debe tratarse con cautela, porque si la economía no crece a los niveles esperados, es posible que se generen saldos a favor o caídas en los anticipos de impuestos de las declaraciones del año gravable 2025, las cuales se presentan en 2026”, aseguró Liliana Heredia, directora de tributación del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Mientras que Mauricio Salazar, director del Observatorio, aseguró que “si estas medidas no tienen una vigencia o se derogan en algún momento, básicamente actúan como un incremento en los impuestos que se pagan. Las personas naturales y jurídicas tendrán menos dinero este año en sus bolsillos para activar la economía y los recursos serán trasladados al Estado”.