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El repunte de la actividad económica en el segundo trimestre contó con este sector como parte de sus mayores jalonadores
La economía colombiana creció 2,1% en el segundo trimestre de este año y 1,5% si se toma en cuenta el primer semestre, en lo que sugiere es el inicio de la reactivación económica.
Al margen de la periodicidad del análisis, este repunte estuvo explicado por los crecimientos y aportes de sectores como agro, actividades artísticas y administración pública. Este último despertó el análisis de los expertos por sus posibles efectos a largo plazo.
El rubro de la administración pública, que también agrupa a educación y salud, consolidó al cierre de julio un crecimiento sostenido de más de un año. Para el cierre del segundo trimestre representó 16,19% en la economía nacional.
En este lapso, al segmentar por subcategorías, administración pública repuntó 6,9%; salud creció 5,8% y educación hizo lo propio en 1,5%.
Un informe de investigaciones económicas de Bancolombia reveló que, pese a la importancia en el impacto económico, entre cada trimestre se atenuó el aporte del sector público a la economía, pero esta pérdida de tracción, aseguró el equipo del informe, “no logró ser compensada por un mejor resultado por parte de agregado del resto de los sectores”.
De ahora en adelante, todas las apuestas sugieren que la importancia del sector público en la economía comenzará a mermar a partir del segundo semestre de este año.
“En nuestra expectativa, el sector de administración pública va a dejar de ser tan importante en el crecimiento económico a partir del segundo semestre en ese contexto de restricciones fiscales”, puntualizó Julio Romero, economista jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana.
El citado informe de Bancolombia también estableció que el sector público continuará perdiendo tracción “debido al impacto que tendrá el fuerte recorte del gasto del Gobierno Nacional anunciado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
“Además, aún persiste un riesgo de que sea necesaria una subejecución presupuestal mayor, dado que el recaudo tributario acumulado hasta junio fue inferior incluso a la meta ajustada”, complementó el texto.
Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos de Grupo Bolívar, explicó que el aporte del sector público a la economía se debe a la expansión del Estado en el Gobierno de Gustavo Petro con acciones como el incremento del salario a las fuerzas militares o ampliación de la gratuidad en la educación universitaria.
“Un segundo elemento que también influye es la baja ejecución del año pasado. Hay algunas excepciones, pero frente al año pasado, este apartado está un poco más ágil”, puntualizó el analista Langebaek.
Julio Romero, cuestionó hasta qué punto puede ser sostenible esta estrategia por parte del Gobierno Nacional, en especial, si se consideran las cuentas fiscales, golpeadas por el bajo recaudo fiscal.
“Lo que se quisiera es que la economía estuviera soportando su crecimiento en sectores que puedan generar mayor crecimiento en el futuro, como los que son intensivos en capital, como construcción, industria, hidrocarburos o agro. En cambio, en la administración pública, hay una dependencia con que el Gobierno pueda mantener unos ingresos importantes”, aseguró Romero.
El analista alertó que si bien el gasto de funcionamiento en el Presupuesto para 2025 es inflexible, sí se ve un aumento en empleo y gasto en nómina.
Langebaek mencionó que una mayor cooperación entre el sector público y privado siempre es bienvenida, especialmente cuando se trata de reactivar la economía.
Sin embargo, apuntó el experto económico, “hay que ver en el largo plazo el cumplimiento de la regla fiscal y de que no sea un crecimiento fundamentado en financiamiento a través de mayor deuda”. En el corto plazo, la continuidad de esta estrategia está apalancada en la aprobación de la reforma tributaria, la segunda de este Gobierno, que busca recaudar $12 billones para complementar el PGN 2025.
A partir de esta fecha, corren tres semanas en el calendario en las cuales el Ministerio de Hacienda debe presentar el texto definitivo de la ley de financiamiento con la que busca complementar $523 billones del Presupuesto 2025.
Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el propósito central del proyecto consiste en establecer una senda de reducción progresiva de la tasa de renta corporativa desde 35% a 30%. Entes de control y centros de estudios alertaron sobre la posible desfinanciamiento del proyecto de ley.
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