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Este martes reinicia el trámite de un texto que, según analistas, no tiene grandes impedimentos; sin embargo, hay tensión política
Luego de la Semana Santa, y con esperanzas de “calmar las aguas”, se reanudan los debates de las reformas sociales propuestas por el Gobierno Nacional, entre esas, una sorpresa: la ley estatutaria a la educación.
A pesar de haber sido aprobada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, este proyecto no había sido agendado, tras los mensajes de prioridad con los que etiquetaban el grueso de los textos: reforma pensional y a la salud.
Lo cierto es que este proyecto, del que se esperaba un clima favorable, ahora se enfrenta a un posible ambiente hostil por la reciente convocatoria del presidente Gustavo Petro a realizar una Asamblea Nacional Constituyente.
“Normalmente, se pensaría que no debería haber mucha resistencia para aprobarla, sin embargo, este debate interviene luego del discurso del presidente Gustavo Petro sobre el tema constituyente que paralizó la agenda legislativa del país, porque, de cierto modo, dio la impresión de que el mandatario privilegiaba un escenario de debate alterno”, apuntó Yann Basset, docente de ciencias políticas de la Universidad del Rosario.
El catedrático agregó que esta discusión será una especie de barómetro para ver hasta dónde caló, finalmente, la propuesta de una constituyente por parte del presidente Gustavo Petro en el Congreso.
En las pasadas semanas, el representante Gabriel Becerra y otros colegas, radicaron en la Plenaria de la Cámara de Representantes la ponencia positiva para continuar con este trámite.
Más allá de ajustes de redacción, el texto en sí conserva sus grandes apartados y promesas, como garantizar el derecho a la educación, la ampliación del ciclo preescolar, la obligatoriedad de la educación media y el derecho a la educación de adultos mayores, campesinos y víctimas del conflicto armado.
Otra de las propuestas consiste en reconocer que los programas de formación complementaria de las Escuelas Normales Superiores sean considerados como programas de educación superior.
El artículo 25 del texto, por ejemplo, propone que los pueblos étnicos, las comunidades indígenas, raizales y palenqueras, entre otras, tengan el derecho a construir su propio sistema educativo.
Sobre el costo fiscal, uno de los apartados clave que enloda al resto de textos, en la reforma a la educación se considera que no se generan gastos fiscales adicionales, al estar dentro de los montos asignados al sector educación dentro del Presupuesto General de la Nación.
Tal como anticipó el docente Basset, este proyecto es el primero de una serie de reformas que se propondrán a la educación en Colombia. “Hay que decir que es apenas una parte de lo que se propone hacer el Gobierno en materia de educación. Vendría después una eventual reforma a la ley 30 que de pronto podría ser más polémica”, aseguró el analista.
El Congreso de la República avanza lentamente en la discusión de la reforma pensional, uno de los proyectos bandera del Gobierno Nacional.
Luego de la sesión informal de la semana pasada, el debate también regresa hoy martes, con la expectativa por parte del Gobierno de que se discuta el articulado. Vale recordar que este texto también debe ser aprobado antes del 20 de junio.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, reconoció la semana pasada que los tiempos para la aprobación del proyecto “los ve complicados”, toda vez que tras su aprobación en la plenaria del Senado debe surtir dos plazos en la Cámara.
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