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Una de las tareas pendientes es de la Comisión de ética, que tendrá que dar una respuesta a las recusaciones sobre los representantes
La reforma a la salud sigue en la olla política. Pese a que ayer se esperaba que hubiera humo blanco en el Congreso, uno de los proyectos de ley estrella de la administración de Gustavo Petro se seguirá paseando por los despachos legislativos de la Comisión VII pues los Partidos de La U y Conservador volvieron a negar el apoyo a la reforma de Corcho.
El trámite más reciente es la solución que tendrá que resolver la Comisión de Ética después de unas recusaciones a los representantes de la Comisión interpuestas por el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, quien a través de una carta señaló que los congresistas estaban inhabilitados, debido a que muchos de ellos tienen planes de medicina prepagada.
Ahí se aplazó de nuevo la discusión y para hoy, se espera que la Comisión de ética se pronuncie y dé el aval para analizar si los representantes pueden continuar con el trámite; no obstante la decisión puede tomar un plazo de tres días.
Al tiempo, el Presidente Petro se pronunció desde California, Estados Unidos, en donde aseguró que el texto emitido corresponde a los objetivos clave que justifican un cambio. “No se pueden cambiar los ejes fundamentales sin los cuales la reforma no tendría sentido. Y es que el dinero público se maneje públicamente, y deje de ser el escenario de robos, de crisis hospitalarias, de ineficiencia en la salud de los colombianos”.
El proyecto en términos de votos está a la espera de que la U y el partido Conservador den o no el apoyo para que pase así su primer debate en la Cámara de Representantes. Ahora, según Carlos Arias, analista político y docente de Comunicación Política de la Universidad Externado, que la reforma pase el Congreso dependería también si hay cambio de decisiones en el Partido Liberal.
“Todo depende de la disciplina del Partido Liberal que claramente se manifestó en contra de la reforma, y que también algunos de sus miembros se declararon en independencia. Entonces, todo dependerá de ellos. Dependiendo a como se de la votación, se define si César Gaviria tendría o se le restaría poder”, explica.
Y añade, “aunque los partidos ya dijeron su voto oficial, solo se sabrá si esos partidos tienen el suficiente poder disciplinario en su bancada cuando se dé la votación”.
Jesús Albrey González, abogado experto en salud, explica que, como está el panorama, con los 12 votos en contra por parte de los grandes partidos, el proyecto de Ley no sería aprobado. “Hay que ver qué pasa después de este primer debate; le sigue el de plenaria en Cámara, el de Comisión en Senado, y el de plenaria en Senado”, explica el jurista.
Panorama en el Congreso
Fueron 12 los votos a favor y 9 en contra los que aprobaron la solicitud de aplazamiento para responder a las recusaciones de Enrique Gómez para los representantes de Cámara. La recusación, que se conoce como el mecanismo que evidencia o resalta un motivo de impedimento de un congresista para adelantar un debate, se hizo directamente porque todos estaban afiliados a una EPS.
Martha Alfonso, representante y coordinadora del debate, aseguró que es una razón insólita para dilatar el proceso. "¿Cómo nos van a negar la afiliación a una EPS? es como negar a estar vivo. Me parece un mecanismo para dilatar el proceso".
El debate tendrá un documento que, según representantes y ponentes de la Comisión, ha sido modificado en 40%. De 156 artículos han sido modificados 60 y el foco está en que las EPS sí participarán en el sistema de referencia y contrarreferencia para la prestación de los servicios de salud, y que las mismas podrán continuar con funciones de aseguramiento en forma indefinida.
“Dependiendo de cómo se dé la votación de bancada por parte de los partidos, ahí sí se define si César Gaviria tendría el poder o si se le restaría luego de la decisión”.
Dilian Francisco Toro, presidenta del Partido de La U, reiteró la preocupación de los partidos para que el proyecto de Ley de Corcho pase los filtros del Congreso. "A nosotros nos preocupa es la insostenibilidad financiera. En este momento, según el proyecto de Ley como está presentado, no existen los contratos entre clínicas y centros de atención, con lo que puede derivar en dos cosas: 1. que no los atiendan, y 2. que para atender, deben facturar con recursos del Estado".
Y añade, que sería un problema similar a lo que ocurre con el Soat. "Por la dificultad financiera que tomó el Estado por el Soat, los recursos y la estructura se volvieron insostenibles".
La discusión la recibe el aparato legislativo con otras tres reformas de los grandes partidos, dos informes emitidos por representantes y ponentes (uno positivo y uno negativo), una ponencia alterna liderada por los Liberales, y un pliego de peticiones por los de La U y los Conservadores.
Entre las peticiones para las garantías en el debate y discusiones alrededor del articulado, finalmente se aplazó el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
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