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Andrés Velasco, economista y presidente de Asofondos.
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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, expresó sus preocupaciones con la reforma al SGP y lo que viene para las pensiones con la entrada en vigencia de la reforma
La reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, es uno de los proyectos de mayor impacto del Gobierno Petro. Mientras algunos expertos señalan que se fortalecerá la descentralización, otros consideran que las competencias en las regiones y la disponibilidad de recursos no están asegurados.
Esto sumado con la reforma pensional, tendrá trascendentales cambios en las finanzas públicas y el sector financiero.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos habló sobre las preocupaciones que se tiene sobre la reforma SGP y los retos que hay con la implementación del nuevo sistema pensional.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones, manejan los ahorros invirtiéndolos en activos. Uno de los más relevantes son los títulos del gobierno, son préstamos a la Nación, que el Estado devuelve con intereses. El valor de estos títulos, y por lo tanto, su rentabilidad depende de la sostenibilidad fiscal.
La preocupación es que el acto legislativo puede tener efectos negativos sobre la sostenibilidad fiscal, sin profundizar realmente la descentralización, que consiste en descentralizar derechos y deberes. Transferir más recursos no es suficiente para profundizar en el modelo de descentralización.
La calibración de la ley de competencias presenta riesgos. Si las regiones reciben más fondos a través del SGP pero a cambio, más responsabilidades, no habría un aumento en su autonomía. Aunque recibirían más transferencias, estas irían acompañadas de una instrucción sobre en qué gastarlo y no se profundizaría la descentralización, lo que sí tendrían es más carga operativa.
“La conversación debe ser técnica, nada es peor que tener una promesa de la descentralización revisando una fórmula que sea fiscalmente insostenible”.
Lo que más nos preocupa es que el aumento de responsabilidades para las regiones valga menos que el aumento en las transferencias que reciban. En este caso, el Gobierno Nacional tendría que cubrir esa carga; esto representa un riesgo porque las finanzas del Estado están bajo presión. Las necesidades de financiamiento anual del Gobierno se acercan a $140 billones y se proyecta que el pago de intereses supere $80 billones.
El horizonte de inversión del ahorro pensional es más largo que el de la mayoría de inversiones. El deber fiduciario de las AFP con los trabajadores es a largo plazo.
Ecopetrol es un caso especial, porque además de ser un activo en el que se invierte de forma directa, cerca de 0,7% del portafolio de los fondos está invertido allí, buena parte de las ganancias de la estatal petrolera van para el Gobierno, por lo tanto, su desempeño afecta las cuentas fiscales y la sostenibilidad de la deuda pública, en la que los fondos de pensiones tienen inversiones de aproximadamente $170 billones, que representa 37% del portafolio.
El debate sobre la descentralización debería ser más amplio y darse en el contexto del Marco Fiscal de Mediano Plazo; esto ayudaría a asegurar que los ingresos correspondan con los gastos, tanto a nivel territorial, como en el Presupuesto General de la Nación.
Es importante considerar cómo mejorar el recaudo de ingresos propios en las regiones, para que puedan generar más recursos sin depender tanto de la Nación; esto permitiría que las entidades locales tengan una relación más equilibrada con sus comunidades. Este debate sobre la descentralización debería incluir el Sistema General de Regalías, que ayudaron a financiar la inversión territorial.
Quedan 231 días para que entre en funcionamiento el nuevo sistema. Los retos de implementación son inmensos, por la complejidad tecnológica que implican los cambios y por los actores que deben interactuar.
Un punto de partida es la claridad en la reglamentación que debe expedir el Gobierno. Al momento ha sido expedido un decreto reglamentario y se esperan tres más, antes que termine 2024. Así se podrá probar la implementación tecnológica en el primer semestre de 2025.
La primera fase, entre julio y septiembre de 2024, fue el entendimiento del sistema; la segunda será la reglamentación, que se espera para diciembre de 2024; los desarrollos tecnológicos son el tercer punto, que se harán entre octubre de 2024 y abril de 2025; el cuarto, se extenderá hasta junio de 2025 y tiene que ver con la adecuación de capacidades tecnológicas, físicas y de recurso humano.
Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP
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