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Costos por reforma al Sistema General de Participaciones
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Según los analistas, el proyecto necesitaría de tres reformas tributarias, solo para financiar los incrementos en las transferencias
La reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, enfrenta el sexto de ocho debates para convertirse en ley. Aunque el Gobierno ha defendido el proyecto con la bandera de la descentralización, el problema es que la propuesta no contempla la viabilidad fiscal del país, sobretodo a mediano plazo, punto que alertaron analistas y hasta del propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf.
La idea es cambiar el mecanismo por el que los municipios, distritos y departamentos reciben el dinero de la Nación, con el que se financian servicios básicos como educación, salud, agua, entre otros. La distribución de estos recursos se ejecuta en función de criterios como lo son la población, necesidades y niveles de pobreza.
Ese dinero sale de los ingresos corrientes de la nación, conocida como ICN, que se recauda mediante impuestos directos e indirectos, cobros de derechos administrativos, ventas de bienes básicos, entre otras fuentes.
De acuerdo con las estimaciones de Corficolombiana, en 2024 el monto del SGP alcanzaría $70,5 billones. Bajo la ley actual, el Gobierno gira 23,8% de los ingresos corrientes de la nación, y la reforma propone que ese monto suba a 46,5%, durante la próxima década.
Según lo que explicó el Ministerio del Interior, la reforma es un paso para la descentralización, ya que fortalece las instituciones territoriales, a través de más recursos y mayores responsabilidades, para que estas mismas tengan un rol más activo en la administración, ejecución y vigilancia de sus proyectos.
“Creemos que el proyecto de alguna manera hace justicia con los territorios y resuelve un lío que se tuvo con las contrarreformas a la Constitución del 91, de 2001 y de 2007. El país necesita más autonomía territorial y necesita cerrar las brechas entre los territorios. El centralismo exacerbado en Colombia se ha convertido en una amenaza a la unidad territorial del país”, dijo Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.
Aunque muchos están de acuerdo con la descentralización, el proyecto de reforma no está contemplando la situación financiera colombiana, o eso es lo que afirman los estudios que se han hecho al respecto.
“La programación del gasto 2024 y 2025 está al límite del espacio permitido por la regla fiscal, sin dejar espacio para reaccionar ante choques externos o internos. Esta posición implica riesgos, que se acentúan dado que más de 83% del gasto del Gobierno Nacional Central es inflexible”, sustentó el Carf ante el Senado, durante el sexto debate del proyecto de reforma.
El Ministerio del Interior señaló que la propuesta no va a quebrar el país y que si es sostenible fiscalmente, argumentando que la transferencia de recursos va de la mano con la asignación de más responsabilidades de gasto. De hecho, aseguran que la iniciativa está pensada para tener un costo fiscal cero.
“Tenemos que evaluar no solamente la ley de competencias, que es una condición indispensable para que el acto legislativo entre en vigencia, sino además un paquete de leyes que tienen que ver con la autonomía territorial”, dijo Cristo.
Según el Carf, incrementar las transferencias a las entidades territoriales hasta 46,5% de los ingresos corrientes en 2036, sería el motivo principal por el que la reforma no es viable fiscalmente, pues aumenta el déficit por encima del límite establecido por la ley (71% del PIB).
También generaría un mayor esfuerzo para poder financiar esos recursos. El cálculo es que se tendrían que recaudar, en promedio, lo de tres reformas tributarias, solamente para fondear los incrementos adicionales de las transferencias del SGP.
Corficolombiana alertó porque de aprobarse la reforma, las transferencias al SGP en 2035 representaran 9,2% del PIB, mientras que con la legislación actual, y según las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el SGP costaría 5,1% del PIB en los siguientes 10 años.
Durante esa década el aumento promedio que estarían recibiendo los territorios es de 2,3% del PIB, proporción superior a la recaudada con la reforma tributaria de 2022, que recopiló 1,7% del PIB.
“Duplicar los recursos del SGP implica un esfuerzo de $60 billones adicionales, rubro que supera el pago de pensiones y de inversión, por lo que es insostenible”.
“Aunque la idea de reformar el SGP está bien intencionada, la propuesta puede llevarnos a una quiebra fiscal, y que pone en riesgo el desarrollo regional”.
“Aunque la propuesta de reforma del SGP está bien intencionada, en su forma actual podría llevar al país a una quiebra fiscal y poner en riesgo el desarrollo de las regiones. Esta propuesta debería enfocarse en optimizar la gestión de los recursos disponibles, como las regalías, y en fortalecer las capacidades institucionales para ejecutar proyectos que impulsen la reactivación regional”, declaró César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana.
Otro punto que no se ha tomado en cuenta es la evolución del gasto público, que en 2023 subió 22,1%, superior a los registros previos a la pandemia.
Asobancaria, explicó que a ese punto se le suma el gasto de inversión y funcionamiento, que también va en aumento.
El Ministerio de Hacienda rectificó su postura negativa sobre la reforma al SGP, siempre y cuando esa se acompañe con una ley de competencias, que permita transferir funciones a los entes territoriales que se contemplaría dentro de un análisis de sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la deuda.
“La presentación, discusión y aprobación de una ley que permita poner en equilibrio competencias y recursos, sin poner en riesgo las finanzas de la Nación, es una forma de avanzar en los debates que ha suscitado la reforma”.
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