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Cálculos del Ministerio de Hacienda de la reforma pensional
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Según el Ministerio de Hacienda, el valor presente neto a 2100 del pasivo pensional pasaría de ser de 84,12% del PIB sin reforma, a 126,38% del PIB con el proyecto
El Ministerio de Hacienda presentó su concepto del impacto de la ponencia para segundo debate de la reforma pensional. “Implicaría un impacto fiscal neto que se acoge a las posibilidades financieras de la Nación en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas”, dijo la cartera. Y agregó que “todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles manteniendo la sostenibilidad del sistema de protección a la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo”.
Sin embargo, analistas consultados, como el economista y profesor de la Universidad de Los Andes, Jorge Restrepo, aseguraron que “es un concepto contrario a la evidencia que presenta el mismo Ministerio: no solo es inviable en términos del gasto requerido y su asignación por niveles de ingreso, sino que también es contrario a los principios constitucionales de estabilidad fiscal”.
Y es que, según los mismos cálculos del Ministerio, el valor presente neto al año 2100 del costo fiscal del sistema pensional (pasivo pensional) pasaría a ser de 84,12% del PIB en un escenario sin reforma, a 126,38% del PIB con el proyecto de ley que cursa en el Congreso.
Este medio hizo el cálculo del valor presente neto del costo fiscal al año 2100, con las cifras del Ministerio de Hacienda y encontró que el pasivo pensional aumentaría en $678 billones, pasando de $1.350 billones en un escenario sin reforma (84,12% del PIB proyectado de 2023) a $2.029 billones con el proyecto de ley ($126,38% del PIB). “Es decir, este es el valor presente: es como si nos endeudáramos hoy en día en $678 billones para pagar el costo de esa reforma”, dijo Restrepo.
“El Ministerio de Hacienda, a pesar de que da el aval, confirma que esta es una reforma que fiscalmente va a tener unos costos importantes en el futuro”.
“Es de tal magnitud el incremento en la deuda pensional del país que con esos recursos podrían costearse 45 líneas del Metro en Bogotá”.
Sobre esta cifra, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, aseguró que “es de tal magnitud el incremento en la deuda pensional del país que con esos recursos podrían costearse 45 líneas de metro en Bogotá, es decir, no haga reforma y más bien haga metros para los colombianos”.
El gremio, precisamente, calificó como “preocupante” el documento de 12 páginas que expone los cálculos que se realizaron. “Vemos con preocupación estas cifras de Hacienda, sus propios estimativos muestran un sistema inviable, tremendamente costoso para la actual y futuras generaciones, tanto que, a la vuelta de 80 años, no habrá recursos para pagar las pensiones”, afirmó Montenegro.
Según Asofondos, los cálculos del Gobierno Nacional se basan en supuestos optimistas como una tasa de descuento muy alta que, para la Asociación, reduce de forma significativa el pasivo pensional.
En esa misma línea, el gremio indicó que si se utilizara 3% de tasa de descuento, el pasivo llegaría a ser 186% del PIB.
Sobre el aval fiscal que dio el Ministerio de Hacienda al proyecto, Jorge Llano, VP de desarrollo de mercados del Autorregulador del Mercado de Valores, AMV, y ex vicepresidente técnico de Asofondos señaló que “es extraño que un aumento de un pasivo pensional tan fuerte como el que se propone no esté llevando a un concepto desfavorable de Hacienda para la reforma que se está planteando. Esta reforma tiene muchos inconvenientes, siendo el incremento del pasivo uno de ellos”.
En esa línea, José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, señaló que “hay un costo fiscal muy importante asociado a la reforma pensional, es un aumento del pasivo pensional en 50%, es decir, un aumento de poco más de 40 puntos del PIB, más de $630 billones a valor de hoy, lo que es una cifra bastante amplia”.
El experto de Corficolombiana agregó que el Ministerio de Hacienda, a pesar de que da el aval, confirma que esta es una reforma que fiscalmente va a tener unos costos importantes en el futuro “y eso debería ser un insumo importante para que el legislativo también tome en consideración, que dentro de los objetivos del Gobierno esté reducir este desbalance fiscal que estaría asociado con la actual propuesta”.
Óscar Becerra, profesor de la Universidad de Los Andes, señaló que no solo se debe mirar el pasivo pensional, sino también la senda del déficit fiscal, incluso con el Fondo de Ahorro que se agota alrededor de 2070 y genera déficits sustanciales a la Nación en el largo plazo, “sin contar regímenes especiales, el déficit de Colpensiones se estima que va a llegar a 5% del PIB a comienzos de 2070. El fondo de ahorro ayuda a suavizar la trayectoria del déficit, pero se sigue acabando”, dijo Becerra.
Tanto Becerra como Llano resaltaron como una de las preocupaciones que el mayor gasto fiscal se proyecta en los pilares contributivo y semicontributivo, es decir, en quienes sí contribuyen para una pensión.
“Si vamos a hacer un gasto de esta magnitud, deberíamos enfocarlo en los más vulnerables. La propuesta de reforma tiene algunas mejoras en cobertura de pensiones contributivas, aún así, la mayoría de personas (las más vulnerables) no van a lograr pensionarse y terminarán en el pilar solidario y en el semicontributivo. Ese grupo es el más numeroso y vulnerable, pero la mitad de los recursos adicionales contemplados en este esfuerzo fiscal se destinan a los pensionados (menos vulnerables) que a los más vulnerables”, explicó Becerra.
Llano agregó que “lo que está pasando es que vamos a destinar más plata en la gente que se pensiona en el pilar contributivo, que sigue siendo la misma gente que tiene ingresos más altos y trabajos más estables”.
En el documento que se radicó como ponencia para el segundo debate, se mantiene el umbral de cotización en Colpensiones en tres salarios mínimos, mientras que en la ponencia alternativa se propone que sea de 1,5 salarios mínimos. Con el texto, se mantuvo el esquema inicial de cuatro pilares que planteó el Gobierno: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Se recogió el fallo de la Corte Constitucional de que a las mujeres se les disminuya las semanas de cotización a 1.000.
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