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HACIENDA

Reformas en política tributaria, pensional, laboral y social que propone Fedesarrollo

miércoles, 3 de marzo de 2021

Piden establecer gradualmente una tarifa de 8% de IVA sobre bienes y servicios que están exentos, excluidos o gravados con 5%

Noelia Cigüenza Riaño

A la espera del informe de la Comisión de Expertos, el Gobierno sigue revisando los últimos detalles para presentar una reforma fiscal este año con la que pueda llegar a recaudar hasta $20 billones.

Entre tanto, el centro de pensamiento Fedesarrollo ha puesto sobre la mesa una propuesta puntual de reformas para poder enfrentar la era postcovid con la que esperan aumentar 0,52 puntos porcentuales del PIB en 2022, la generación de al menos 815.000 empleos formales y que la tasa de desempleo llegue a un dígito.

"Estimamos que esta propuesta pueda reducir de manera sustancial la desigualdad de ingresos, la pobreza caería 9,3 pps y la extrema se reduciría 4,6 pps. Igualmente, el recaudo neto podría aumentarse hasta 2,0% y 2,5% del PIB para reducir la deuda pública", manifestó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

Reformas en política tributaria
En este sentido, Fedesarrollo propone que hay que revisar las exenciones sectoriales que hay actualmente. Esto incluye revisar la eliminación de mecanismos de zonas francas, especialmente las unipersonales, que en la práctica son regímenes tributarios preferenciales que generan una competencia desleal con los productores locales sujetos al régimen general.

Por la parte de las empresas, también se pide eliminar el descuento del ICA pagado a nivel territorial y posponer la reducción de la tarifa de la renta corporativa y dejarla en 31% hasta 2026 (hoy: 31% en 2021, 30% en 2022).

En materia de personas, se propuso reducir el rango exento de declaración de renta a la mitad para ampliar la base gravable y fomentar la cultura tributaria. Al igual, se proponer limitar las deducciones a 10% de los salarios y 25% de los ingresos de los independientes, manteniendo los topes actuales en unidades de valor tributario.

Además, también se pide aumentar la tarifa de impuesto a los dividendos de 10% a 15% y ampliar el impuesto al patrimonio para individuos por una sola vez con tasas marginales de 0,25% ($1-$2 millones), 0,5% (entre $2 y $3 millones), 0,75% (entre $3 y $4 millones) y 1% en adelante (base gravable: 2022, pagadero en 2023 y 2024).

Respecto a los impuestos indirectos, se pide establecer gradualmente una tarifa de 8% de IVA sobre bienes y servicios de la economía de mercado que actualmente están exentos, excluidos o gravados a la tarifa de 5% (sería de 2% en 2022; de 5% en 2023; y de 8% en adelante).

"Esto generaría 0,2 y 0,3 de recaudo adicional en 2022 y llegaría a 0,7% en tres años", dijo Mejía.

Igualmente, se propone una compensación del IVA por $63.000 mensuales a 40% de las personas más pobres debido a que este solo cubre a 20% más pobre actualmente.

Reformas en el mercado laboral
En este campo, Fedesarrollo propone introducir una tasa progresiva de aportes a salud a cargo del trabajador: 0% para los ocupados de un salario mínimo aumentando gradualmente hasta 9% para trabajadores con ingresos de 25 salarios mínimos o más (tasa marginal; 9%, tasa promedio; 4%).

Igualmente, el centro propone introducir una tasa progresiva de aportes a las cajas de compensación a cargo de los empleadores: 0% para los trabajadores de un salario mínimo, que aumente gradualmente hasta cerca de 5% para trabajadores con ingresos de 25 salarios mínimos o más (tasa marginal: 5%, tasa promedio: -2%).

Adicionalmente, el punto de la contribución a las cajas sería usado para financiar un seguro de desempleo no contributivo, que entregaría tres líneas de pobreza extrema ($412.000) hasta por seis meses a trabajadores entre 1 y 1,5 salarios mínimos.

"La flexibilización de las contribuciones a pensiones y la introducción de tarifas progresivas para salud y cajas de compensación reducirían hasta en 14% los costos de contratación para la empresa y aumentarían el ingreso del trabajador del salario mínimo hasta en 8%", dijo Mejía.

Reformas a la política social
En la parte social, se pide crear una renta mínima de inclusión focalizada en los hogares más pobres. En ese sentido, se entregaría a los hogares $35.000 mensuales por cada adulto menor a 65 años en el hogar-de manera condicionado- y de $35.000 por cada menor de 18 años (hasta tres menores por hogar) siempre y cuando asista al colegio.

En ese sentido, también se propone eliminar el estrato socioeconómico como instrumento para entregar subsidios en unos años.

"Celebramos la implementación del Sisbén IV como único mecanismo de focalización", dijo.

Reformas a la protección a la vejez
Del lado de la vejez, se crearían tes pilares. Mejía propuso que se se sustituya el régimen actual de la vejez por uno más sencillo y solidario. En ese sentido, se establece dar un monto de tres líneas de pobreza extrema de $412.000 mensuales a los adultos mayores de 65 años que no tengan actualmente o en el futuro una pensión subsidiada por el Estado.

Se crearía un segundo pilar contributivo en donde las empresas y los trabajadores quedarían en libertad de decir en negociaciones colectivas un programa de ahorro para la vejez, abriendo la competencia hacia múltiples mecanismos de ahorro ofrecidos por la AFP u otros intermediarios financieros regulados.

En ese sentido, quedarían excluidos quienes estén a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión en el régimen de Colpensiones; no será obligatorio para las empresas inscritas en el Régimen Simple de Tributación; en las demás, la empresa aportará por lo menos lo mismo que el trabajador; cualquier trabajador podrá pedir ser excluido del programa, mediante el consentimiento escrito anual.

Finalmente, se creará un tercer pilar de ahorro voluntario individual manteniendo los incentivos tributarios actuales al ahorro voluntario a la vejez.

Según Fedesarrollo, la pandemia ha hecho más evidentes grandes problemas estructurales de la economía como una deficiente focalización del gasto público en subsidios, una informalidad laboral de 60% de la totalidad de ocupados, una cobertura pensional que es de apenas 25% y un estatuto tributario que está plagado de exenciones, recauda poco y es poco progresivo.

"Creemos que hay la posibilidad de discutir una reforma integral. Va a requerir ajustes en la política social, en el mercado laboral y en la política tributaria. Se podría empezar a eliminar buena parte de las exenciones que ubican a Colombia entre los países más desiguales del mundo y si no se hace el país perdería una oportunidad para avanzar", manifestó Mejía.

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