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La protesta en nombre de 2.000 familias (unas 15.000 personas) ubicadas aguas abajo del embalse, la hizo un grupo de personas exigiendo indemnización por el impacto ecológico que el incidente técnico sufrido durante el inicio del llenado de la represa trajo a la zona, donde según denunciaron murieron más de 3.000 peces.
Por eso ayer el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, se reunió en el sector La Playa con pescadores, agricultores, vendedores de pescado de la zona, y en presencia de la gerente de Proyectos de generación de Isagén, María Luz Pérez; el representante de la Defensoría del Pueblo, Kadir Pilonieta; la secretaria del Interior de Santander, Yaneth Mojica; y delegados del Ministerio de Medio Ambiente y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, acordó la creación de dos mesas de trabajo que adelanten negociaciones (12 personas de la comunidad) para dar solución inmediata y a mediano plazo de la situación.
“Primero un reconocimiento por el imprevisto que ocurrió en el inicio del llenado. Estaremos conformando una comisión para hablar sobre el reconocimiento de damnificados, la indemnización, la compensación, la elaboración de proyectos productivos con unos terrenos que se van a asignar, pero aguas arriba, construir tanques para la cría de alevinos que Isagén entregará a estas familias y posteriormente esta empresa adquirirá la producción de peces, conformar una mesa técnica con las autoridades competentes que expliquen si el sector ubicado en la parte baja es zona de alto riesgo, y con base en ello, decidir si es necesaria la reubicación”, aseguró Richard Aguilar Villa.
Edgar Lizarazo, presidente de la Asociación de Pescadores de La Playa, Asoperizo, fue enfático en señalar que la población exige la indemnización, la reubicación, la implementación de proyectos productivos y derecho al turismo.
La próxima reunión para evaluar los avances de las mesas de concertación se realizará el próximo 19 de junio.
Por su parte, la gerente de Proyectos de Isagén, María Luz Pérez, advirtió respecto a la reubicación, que no está establecida en la licencia ambiental y que la presa no representa riesgo a las comunidades aguas abajo. Dijo que hay estudios que desestiman la reubicación, sin embargo Isagén está abierta al diálogo.
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