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El ministerio presentó un borrador con 21 artículos, con el que se busca que todos los niveles de educación sean un derecho
Sumado al borrador de la reforma a la Ley 30, el Ministerio presentó un borrador de proyecto estatutario para reconocer la educación como un derecho fundamental en todos sus niveles, incluida la educación superior.
El borrador consta de 21 artículos en los que se definen los principios y deberes de la educación para poder garantizarla.
Con eso en cuenta, en el borrador se establece que se garantizará la educación a grupos vulnerables como adultos mayores y personas privadas de la libertad. Para los grupos étnicos, se hace la salvedad que tendrán la libertad de crear sus propios sistemas educativos.
Para la educación inicial, en el borrador se afirma que el Estado se compromete a garantizar el acceso a los grados pre jardín, jardín y transición.
En la educación media, con el fin de articular a la educación superior, el Ministerio propone la creación de un grado 12.
Aunque la propuesta de dar el carácter de derecho fundamental a la educación es positiva. Advierten que se debe tener una reglamentación clara para no caer en ambigüedades.
Luis Felipe Gómez, experto en educación de la Universidad Javeriana, explicó que “reconocer la educación como un derecho fundamental le da un status de protección constitucional muy importante. Cualquier persona que vea ese derecho amenazado podrá, a través de la acción de tutela, pedir el restablecimiento”. Gómez enfatizó en que el gran cambio es el reconocimiento de la educación superior como un derecho fundamental, “a hoy solo la educación básica, y media, tenían ese carácter en la constitución”.
Es importante resaltar que no solo se declara a la educación como un derecho fundamental, sino también como un deber y un servicio público.
“La reforma trae una visión diferente. Será el sistema adaptándose a las personas, y no las personas adaptándose al sistema”. Aunque legalmente se puede abrir un escenario de ambigüedad, que en el peor de los casos recargaría de más procesos al sistema judicial. Esto porque bien los estudiantes podrían entutelar si no son admitidos a la universidad, aun cuando no cumplan los requisitos académicos.
Para Gómez, el factor de que sea un derecho fundamental podría entrar en conflicto con la autonomía universitaria. “Dentro la autonomía universitaria se dice que cada institución determina los requisitos de admisión. Ahora, la reforma habla de igualdad de oportunidades. Sí hay una tensión entre la nueva protección constitucional y los requisitos de cada IES. Será fundamental la jurisprudencia de la Corte Constitucional para determinar el alcance de la autonomía universitaria”.
Otro de los posibles reparos es que, si la propuesta es que todos los grupos accedan a educación en cualquier nivel, esto demanda aún más recursos.
Por eso, Gómez señala que el proyecto trae a la mesa la necesidad de hacer una inversión mucho más juiciosa en el sector.
“Al colocarlo como un derecho fundamental se sugiere una nueva necesidad en el país de más inversión en la educación. Es una prioridad como Nación, lo cual se tiene que ver reflejado en el presupuesto”.
También hay que mencionar lo que propone el documento específicamente para los niveles iniciales y para la educación media. Aunque en los primeros años de educación la reforma sí garantiza el acceso a los tres primeros grados, el experto menciona que aún se debe hacer más esfuerzo para fortalecer este nivel. “Los estudios de educación indican que de cero a cinco años es donde más se debe invertir. Ahí falta fuerza en la reforma. Aunque se garantiza los grados de escolar, se debe fortalecer aún más en cómo se va a dar un mejor acompañamiento en la primera infancia”.
Una de las propuestas que tal vez ha acaparado la atención en el momento es la de implementar un grado 12 en bachillerato. En el documento, el Ministerio de Educación señala que esto surge como una idea para articular la educación media y superior.
Gómez considera que “así se podría dar un tránsito mejor en la profesionalización y para la entrada al mundo laboral. En muchos colegios ya existe el año 12, y esto tiene que ver con la equiparación al bachillerato internacional”.
Cabe resaltar que actualmente ya cursan dos proyectos de ley a la educación en la Comisión sexta de la Cámara de Representantes, los cuales ya fueron aprobados en primer debate. Al ser una ley estatutaria, específicamente este proyecto del Gobierno se radicaría en la Comisión Primera del ente legislativo. La reforma a la Ley 20 del Ministerio, sí se radicaría por Comisión sexta.
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