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El Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, afirma que el proyecto tiene aval fiscal y que tiene posibilidades de ser aprobado en la legislatura
El proyecto de reforma a la salud sigue su trámite en el Congreso. La plenaria de la Cámara de Representantes debate y abre la votación a los impedimentos, y se tiene prevista la votación de la ponencia negativa y la del Gobierno.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que la reforma continuará con el trámite y aseguró que tiene grandes posibilidades de ser aprobada antes de que termine la legislatura. El funcionario también señaló que el proyecto cuenta con aval fiscal.
Varios gremios manifestaron que la reforma no es sostenible fiscalmente. La Asociación Nacional de Industriales, Andi, señaló que la reforma que se aprobó en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes es fiscalmente inviable. La agremiación detalló que de implementarse la iniciativa habría un déficit de $141,4 billones entre 2025 y 2035, mientras que los cálculos del Ministerio de Hacienda arrojaban un superávit de $21,8 billones, es decir, una diferencia de $163 billones.
Tras la radicación del proyecto en septiembre de 2024, el Ministerio de Hacienda señaló en su momento que el impacto fiscal de la iniciativa es compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La entidad recalcó que la financiación del sistema es sostenible en la medida en que las obligaciones sean cubiertas en 2024, según la priorización del Ministerio de Salud.
El documento original que se radicó en septiembre sostiene que el proyecto estipuló 112 subregiones, al interior de 10 regiones, con la finalidad de implementar políticas públicas de acuerdo a las necesidades de la atención en salud; lo anterior se haría gracias a la identificación del flujo de personas y así, “ordenar los servicios y sus instituciones prestadoras, así como del sistema de aseguramiento social”, señaló el documento.
La propuesta integró la creación de una instancia para la planeación y la evaluación del sistema. A la vez, sostuvo que debe haber un sistema público de información en salud que integre información individual y poblacional en salud. En formalización, propuso que trabajadores en instituciones privadas o mixtas deben estar vinculados con un contrato laboral y esto estará vigilado por la Superintendencia de Salud.
El Gobierno apuntó que en 2024 intervino a tres EPS tras encontrar fallas como: incrementos injustificados en gastos operativos, flexibilidad en contratación, debilidad en registro de atenciones, entre otros puntos. En consecuencia, el proyecto propone que las EPS se conviertan en Gestoras de Salud y Vida, y solo las que cumplan con el saneamiento de pasivos en un plazo máximo de 48 meses podrán integrarse al nuevo sistema.
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